El Laboratorio de Paz tuvo oportunidad de ser parte de una extensa investigación de @ddhh_movimiento denominada el «Argos dormido: responsabilidad de la Defensoría del Pueblo en la situación de violación a DDHH en Venezuela» . Allí se documentaron testimonios de familiares de presos políticos, abogados y activistas, quienes denunciaron trabas sistemáticas, negativas a recibir denuncias, amenazas veladas y ausencia de respuesta institucional.
Una estructura central que obstaculizó la protección a los DDHH.
Durante la gestión de Alfredo Ruiz, más de 1.100 personas habían sido víctimas de tortura y al menos 40 fallecidos por esta causa sin que la Defensoría haya exigido sanción a los responsables; La gestión estuvo marcada por posibles casos de nepotismo y falta de transparencia: Su esposa ejerce funciones directivas dentro de la misma institución; Desde el año 2021 no se publican los informes anuales de gestión.
La Defensoría del Pueblo (DdP) fue vaciada de contenido y significado, funcionando como un apéndice del poder político.
Su pasividad frente a los graves crímenes constituyó una forma de violencia institucional y debe derivar en investigación de responsabilidades penales o administrativas futuras. El caso de Alfredo Ruiz simboliza un ejemplo emblemático de la transformación regresiva del defensor de DDHH al funcionario legitimador del abuso.
En 2025, un dictamen de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés), sancionó a la DdP al no haber demostrado que cumple los requisitos mínimos de los Principios de París. A partir del 2026, bajó a categoría «B», quedando excluida de participar en la ONU, en noviembre debe probar su rectificación.
Alfredo Ruiz no hizo como defensor del pueblo otra cosa que seguir los pasos de su antecesor y mentor Tarek Williams Saab, quien siendo Defensor del Pueblo desde el 22.12.2014 al 05.08.2017, también fue degradado por la Ganhri a “categoría B” por falta de independencia: “La defensoría no está preparada para hablar con contundencia y promover el respeto de los Derechos Humanos (…) su oficina es sumisa ante el régimen de Nicolás Maduro”, afirmaron.
Por esta razón la salida de Ruiz de la Defensoría era una urgencia y una deuda con las víctimas, con el pueblo que no quiso defender. En un proceso futuro de justicia transicional Ruiz debería responder por su acción y omisión en la política de persecución y crímenes contra la humanidad por razones políticas durante su gestión. Consideramos fundamental que no ocupe ningún otro cargo público.
Sin embargo, resulta gravísima la designación de Tarek William Saab como su sucesor interino, justamente quién en el ejercicio de Defensor del Pueblo y Fiscal General durante los años 2014-2026 permitió y respaldo la represión y persecución política más violenta y cruenta contra la población venezolana. La aplicación indebida de las leyes con fines persecutorios y punitivos; la acción del ministerio público, sus fiscales en prácticas contrarias y violatorias de derechos fundamentales, la negación al debido proceso, la negación de la desaparición forzada; la criminalización y judicialización por disentir; la acción en contra de la procura de justicia, la no impunidad y la protección de los derechos humanos de las víctimas.
Un enroque de la impunidad con su designación y la posibilidad de su permanencia en la Defensoría del Pueblo destruye la confianza, el respeto, y contraría los estándares en derechos humanos para un proceso real de reconciliación y reconstrucción de la sociedad civil.
Su designación es una burla, una afrenta a cualquier camino a la transición, la reconciliación y la paz. Tarek Williams Saab no puede ser ratificado como Defensor del Pueblo y debe salir de la administración pública en lo inmediato.
La designación de Larry Devoe como “fiscal general provisional” nos obliga a recordar que por años ha actuado como representante del Estado venezolano ante instancias internacionales de DDHH, como subterfugio y figura alternativa a las sanciones impuesta a la Defensoría del pueblo. Desempeñando un rol central en la defensa del oficialismo frente a denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y persecución política.
En reiteradas oportunidades negó la existencia de presos políticos en el país, sostuvo que no se habían cometido crímenes de lesa humanidad y defendió la actuación estatal frente a informes de organismos internacionales.
- El 29.04.2017, como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, criminalizó a la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) de responder “a una visión selectiva y parcializada en materia de derechos humanos”. Negó los hechos de represión, las violaciones a DDHH, y violencia estatal durante las protestas de 2017, y acusó al órgano de estar “basado mayoritariamente en fuentes carentes de toda objetividad y credibilidad, como los medios de comunicación”.
- 18.10.2019, en la ONU expresó que Venezuela “desmontó el “mito” las violaciones masivas a los principios fundamentales”(…) “Venezuela ha demostrado suficientemente que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad”.
- En 2022, frente a la preocupación del relator del derecho a la asociación y manifestación pacífica, por la detención de sindicalistas y líderes sociales, negó las mismas y lo amenazó con el código de conducta de relatores alegando “Venezuela garantiza plenamente el disfrute del derecho a la libertad de asociación»
- Ese mismo año, cuestionó el informe del 20.09.2022 de la Misión independiente de investigación y determinación de hechos para Venezuela alegando que “Venezuela ha demostrado que las instituciones de nuestro sistema de justicia han investigado o están investigando todos los casos de presunta violación a los derechos humanos”
- El 18.05.2023, Devoe en la Convención sobre la Eliminación de Toda las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw), expresó: “En Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad y por tanto la CPI no tiene competencia para conocer la situación de Venezuela”.
Este historial no es neutral. Forma parte de una política sistemática de negacionismo, deslegitimación de víctimas y relativización de responsabilidades que ha caracterizado la respuesta oficial ante graves violaciones de DDHH documentadas por la FFM, la OACNUDH y la CIDH.
Larry Devoe, ha ocupado 7 cargos diferentes, algunos de forma simultánea en la administración pública, hoy llega a su 8va designación como Fiscal General de la República “provisional”. Sin embargo, al ser un funcionario de confianza de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez existe el riesgo que su definitivo nombramiento sea impuesto por «unanimidad» en la Asamblea Nacional.
Reiteramos, sin reconocimiento del rol de funcionarios en violaciones a ddhh por acción u omisión, y su permanencia en cargos vitales para la verdad, justicia y reparación no hay transición real posible.
El negacionismo perpetúa y agrava el conflicto. Sin reformas reales institucionales no existen garantías creíbles de no repetición. La impunidad encubierta no puede ser considerada como reconciliación.
Transición o ratificación de la impunidad
Estamos frente a un recambio de figuras que representan la misma política represiva y persecutoria. El estado de represión se mantiene intacto, con una sustitución funcional y maquillada de cabezas de representación al mando de instituciones de poder.
Si de verdad queremos allanar el camino hacia una transición a la democracia, las personas a ser nombradas como FGR y DdP deben ser personas capaces técnicamente y políticamente independientes. En caso contrario, se mantendrán las políticas de impunidad hasta ahora conocidas.
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