Mientras el petróleo opera bajo la lupa de Washington, la minería al sur del río Orinoco sigue operando bajo esquemas de alta opacidad.
Este contraste define la nueva arquitectura del poder en Venezuela tras los eventos del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro. Por un lado, una industria petrolera que busca desesperadamente la «relegitimación» ante Occidente; por el otro, un Arco Minero que funciona como la caja chica del Estado, lejos de los titulares y de las auditorías internacionales.
El Petróleo: La Fachada de la «Reforma»
Desde la asunción de Delcy Rodríguez a la presidencia fáctica de Venezuela, la narrativa oficial ha girado en torno a la recuperación de la soberanía energética. Sin embargo, los documentos y movimientos de mercado cuentan una historia diferente: la privatización operativa de la industria.
El Desmantelamiento del Monopolio Estatal
La reciente discusión sobre la Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos demuestra un cambio de paradigma que contraviene la narrativa histórica del chavismo en materia petrolera. La inviabilidad financiera de PDVSA, cuya deuda consolidada supera los 80.000 millones de dólares, ha forzado al Estado a ceder el control.
- El Nuevo Modelo: Se valida el esquema iniciado por Chevron, donde el socio privado asume la gerencia, la procura y la comercialización del crudo. PDVSA pasa a ser un ente recaudador de regalías (shadow partner).
- La Licencia GL41 y el «Efecto Trump»: La administración estadounidense ha condicionado la flexibilización de sanciones a que los ingresos por ventas de crudo (como la reciente transacción de 500 millones de USD) permanezcan en cuentas custodiadas en el exterior, destinadas a deuda y fondos humanitarios, y no a las arcas del Banco Central de Venezuela (BCV).
Esto ha creado una industria de dos velocidades: los campos operados por transnacionales (Chevron, Repsol, Eni) que reciben inversión y seguridad, y los campos operados exclusivamente por PDVSA, que continúan en franco deterioro.
El Arco Minero: La Caja Negra del Sur
Si el petróleo está bajo vigilancia, el Arco Minero del Orinoco (AMO) es el territorio de la sombra. Aquí no aplican las licencias de la OFAC ni los protocolos de cumplimiento corporativo. Es una zona de 111.843 km² donde la ley es dictada por la fuerza.
El Oro y la Estructura de «Los Sindicatos»
A pesar del cambio de gobierno, la estructura de extracción aurífera en el Callao, Tumeremo y El Dorado se mantiene intacta.
- Verificación: Informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (ONU) han documentado cómo el Estado delegó el control territorial a grupos armados (conocidos como «sindicatos») para asegurar el flujo de oro hacia las bóvedas del Estado.
- La Ruta del Lavado: Al no contar con certificación del Proceso Kimberley, el oro venezolano se mueve a través de rutas de contrabando hacia islas del Caribe y posteriormente a refinerías en Turquía y Medio Oriente, donde se funde para borrar su traza de origen (conflict gold).
La Matemática de la Destrucción
La opacidad administrativa no puede ocultar la huella física. El reporte «Cambio Climático, Minería Ilegal y Derechos Humanos en la Amazonía» (publicado por SOS Orinoco el 12 de noviembre de 2025), establece una contabilidad irrefutable del daño heredado y continuado por la actual administración fáctica.
El Costo Real: Aplicando la «Calculadora de Impactos de la Minería de Oro» (metodología CSF), se estima que el valor del carbono perdido es solo el 31% del daño económico. El resto corresponde a la destrucción irreversible de servicios hídricos y climáticos. La minería promovida por decretos que intentan «legalizar la expoliación» está liquidando el capital natural del país a velocidad de remate.
Aceleración sin precedentes: La tasa de expansión minera promedio entre 2000 y 2024 fue de 45 km²/año. Sin embargo, ante la inestabilidad política, la maquinaria extractiva pisó el acelerador: entre 2022 y 2023 la destrucción saltó a 147 km²/año, manteniéndose sobre los 117 km²/año hasta 2025.
La Minería post 3 de enero
Al cierre de esta edición, el análisis de sensores remotos de plataformas como Global Forest Watch (Alertas GLAD) y la inspección visual de turbidez en cuencas hidrográficas clave no arrojan evidencia física de una «pausa operativa» en el Arco Minero. Los niveles de sedimentación visibles en las imágenes satelitales recientes indican una actividad mecánica sostenida.
Esta continuidad operativa permite realizar una inferencia técnica irrefutable: la minería a escala industrial en esta zona requiere un flujo masivo y constante de combustible (diésel). Dado que la región se encuentra bajo estricta Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), la persistencia de la actividad extractiva sugiere que la cadena logística de suministros —indispensable para mantener encendidos los motores en la selva— no ha sido interrumpida por las actuales autoridades fácticas.
La Necesidad de Liquidez: En el escenario actual, el Arco Minero es crítico para la supervivencia financiera del gobierno fáctico que busca una transición orientada al recomido del autoritarismo. Mientras los ingresos petroleros entran en cuentas custodiadas o fideicomisos supervisados por EE. UU. (lejos del alcance directo de Miraflores), el oro y el coltán representan liquidez inmediata y no trazable para cubrir gastos operativos internos. La inercia del saqueo se mantiene porque el flujo de caja es indispensable.
Héctor Silva, el que maneja los hilos de la minería en Venezuela
En este tablero de ajedrez, donde el petróleo busca legitimidad y la minería aporta el efectivo, una figura clave conecta ambos mundos: Héctor Andrés Silva Hernández.
Mientras otros altos funcionarios civiles y militares cayeron tras las purgas internas y los eventos de enero, Silva no solo sobrevivió, sino que consolidó su posición.
- El Perfil: Abogado y tecnócrata, Silva ascendió discretamente como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), el ente diseñado para gestionar capitales bajo la «Ley Antibloqueo».
- El Control Dual: Actualmente, su poder radica en la omnipresencia. Funge como autoridad máxima en la Junta Interventora de la CVG (controlando el Arco Minero) y mantiene su silla en la Junta Directiva de PDVSA.
- La Lectura Política: Según análisis de perfiles de la BBC Mundo, figuras como Silva representan el pragmatismo financiero sobre la ideología. Es el operador encargado de que el sistema siga facturando: firma contratos petroleros «de vitrina» con transnacionales en Caracas, mientras administra la «caja negra» de los recursos minerales en Guayana. Su permanencia en el cargo es la señal más clara de que, para el gobierno fáctico, el modelo extractivista dual no está en revisión, sino en búsqueda de consolidación. Podríamos preguntarnos
El financiamiento de la propaganda
Finalmente, una incógnita financiera se alza sobre la autopista Francisco Fajardo. Las gigantescas vallas que hoy empapelan Caracas con el rostro de Nicolás Maduro y Cilia Flores bajo el lema «Los queremos de vuelta» requieren un flujo de caja inmenso, líquido e inauditable.
Si los fondos petroleros están bajo custodia norteamericana y la ruta del narcotráfico en el Caribe enfrenta su mayor asfixia operativa, la lógica contable apunta a un solo cajero: el Arco Minero. Es el oro de sangre el que probablemente financia esta campaña de resistencia política. Queda la pregunta abierta:
¿Qué opina Washington al ver que, mientras controla el crudo por decreto, el oro sigue oxigenando las finanzas de quienes intentan revertir el 3 de enero?
