El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves una resolución bipartidista que buscaba exigir autorización del Congreso para cualquier acción militar de la administración de Donald Trump en territorio venezolano. La propuesta fue denegada por 51 votos contra 49, manteniendo a la Casa Blanca con un margen de discrecionalidad en su actual campaña de operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe.
La resolución había sido presentada por los senadores Tim Kaine y Adam Schiff, junto al republicano Rand Paul, con el argumento de que la Constitución asigna al Congreso la potestad de aprobar declaraciones de guerra. Se trata del segundo intento legislativo en menos de un mes para establecer ese límite.
La votación ocurrió un día después de que altos funcionarios de la administración informaran a miembros del Congreso, durante una sesión clasificada, que no existe actualmente una justificación legal clara para atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela. Aun así, medios estadounidenses han señalado que el gobierno continúa evaluando posibles marcos legales para extender la operación más allá de las aguas internacionales.
A la par de este debate, el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota naval estadounidense, se desplaza hacia el Caribe para sumarse a los barcos ya desplegados en la zona. De concretarse su llegada, alrededor del 20% de los buques de guerra activos de Estados Unidos operarían cerca de Venezuela, según el medio especializado Stars and Stripes.
Desde septiembre, la campaña estadounidense ha realizado ataques contra embarcaciones identificadas como parte de redes de narcotráfico, resultando en al menos 69 muertos, según registros citados por analistas y legisladores. Diversos expertos han advertido que una ampliación hacia territorio venezolano podría violar el derecho internacional, incluyendo el artículo 2(4) de la Carta de la ONU, así como las normas constitucionales sobre autorización de uso de fuerza militar.
Mientras tanto, desde la Casa Blanca se insiste en que las acciones se enmarcan en la lucha contra estructuras criminales transnacionales. En paralelo, sectores políticos dentro de Estados Unidos afirman que el presidente no ha tomado una decisión definitiva sobre posibles operaciones terrestres y mantiene una estrategia de presión militar y comunicacional.
La situación ocurre en un contexto regional en el que la crisis política venezolana y las acusaciones de vínculos entre el Estado y redes de narcotráfico continúan generando tensiones diplomáticas y militares.
