La reconocida defensora de derechos humanos Ligia Bolívar, especialista con más de cuatro décadas de trayectoria e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), denunció públicamente que se encuentra en condición migratoria irregular en Colombia, tras cuatro años de residencia con visa tipo M.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Bolívar informó que, pese a haber cumplido con los requisitos establecidos, fue notificada de la inadmisión de su solicitud de renovación de visa, lo que la deja en riesgo de perder su empleo, afiliación al sistema de salud (EPS) y, por ende, el acceso a su tratamiento oncológico.
“Tras cuatro años con visa de M, ayer me tocó a mí. Desde hoy estoy en condición irregular, con riesgo de perder trabajo y EPS y, por tanto, tratamiento oncológico”, escribió Bolívar, en respuesta a un tuit del presidente Gustavo Petro, quien había asegurado que “toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida”.
En un pronunciamiento previo del 13 de octubre, la defensora ya había advertido los riesgos que enfrentan las personas venezolanas solicitantes de protección o regularización en Colombia, especialmente aquellas con solicitudes de refugio o renovación de visa pendientes, señalando que las demoras e inadmisiones se han convertido en un patrón preocupante que contradice el discurso oficial de acogida.
“Desde el año pasado advertimos los riesgos que enfrentaban las personas venezolanas que huyeron a Colombia en el contexto pre y post electoral, y la única respuesta ha sido inadmitir sus solicitudes de visa y demorar los procesos de refugio”, expresó Bolívar en esa ocasión.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que este tipo de inadmisiones administrativas y falta de transparencia en los procedimientos migratorios podrían derivar en situaciones de vulnerabilidad y apatridia de facto, especialmente para personas que, como Bolívar, desempeñan una labor pública y de incidencia en defensa de los derechos humanos.
Fuentes consultadas explicaron que, según estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de garantizar procedimientos migratorios accesibles, no discriminatorios y compatibles con el principio de no devolución, particularmente para personas provenientes de contextos de persecución o violaciones sistemáticas de derechos humanos.
La situación ha generado un amplio debate sobre la coherencia de la política migratoria colombiana hacia la población venezolana, que históricamente ha sido reconocida como una de las más amplias de la región, pero que hoy enfrenta retrocesos en mecanismos de protección, demoras en el Estatuto Temporal de Protección (ETPV) y limitaciones en la renovación de visas humanitarias o laborales.
