Diversas organizaciones de derechos humanos rechazaron la intención anunciada por el Gobierno de Nicolás Maduro de iniciar un proceso para retirar la nacionalidad venezolana al dirigente opositor Leopoldo López, actualmente en el exilio. La medida ha sido calificada como inconstitucional y contraria al derecho internacional, marcando un preocupante precedente en la escalada represiva contra la disidencia política.
El Laboratorio de Paz expresó su “profunda preocupación” por el anuncio hecho por Delcy Rodríguez el 24 de octubre, en el cual afirmó que el Ejecutivo habría presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para despojar de su nacionalidad a López. El comunicado advierte que esta decisión viola de manera flagrante los artículos 34 y 35 de la Constitución venezolana, los cuales establecen que “los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad”.
La organización recordó que el derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental e inderogable, protegido por el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que prohíbe toda privación arbitraria, especialmente cuando tenga motivaciones políticas o produzca apatridia.
Asimismo, el comunicado del Laboratorio de Paz recordó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha condenado medidas similares aplicadas en Nicaragua, donde más de 300 personas fueron despojadas de su nacionalidad por razones políticas, generando graves violaciones al derecho a la identidad y la reunificación familiar.
Por su parte, la organización Alianza por Venezuela, con sede en Buenos Aires, también se pronunció con firmeza contra esta medida, calificándola como un nuevo capítulo dentro del patrón de persecución y discriminación sistemática que afecta especialmente a la población migrante venezolana.
“Ninguna autoridad puede arrebatarle a un ciudadano su identidad, mucho menos por motivos políticos o de conciencia”, señaló el comunicado.
Ambas organizaciones coincidieron en que esta iniciativa forma parte de un esquema de represión transnacional, que combina la anulación de pasaportes, la persecución judicial y la amenaza de apatridia como mecanismos de castigo político.
Finalmente, exhortaron a los Estados miembros de la OEA, a los mecanismos de derechos humanos de la ONU y a la comunidad internacional democrática a pronunciarse de manera contundente ante este intento de redefinir arbitrariamente el vínculo de nacionalidad como un instrumento de control político.
“La nacionalidad no puede ser usada como arma de persecución ni como mecanismo de venganza”, advirtió el Laboratorio de Paz, llamando a reforzar los mecanismos de vigilancia internacional sobre Venezuela ante esta nueva fase de represión estructural.
