Un reportaje basado en el Capítulo 5 del informe “Defensores en riesgo: migración forzada y represión transnacional”
Por La TV Calle / Octubre 2025
En Venezuela, huir no es una elección: es una medida de supervivencia. Así lo evidencia el más reciente informe sobre personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas sociales que, entre 2020 y 2025, se han visto obligados a abandonar el país para salvar sus vidas. El documento revela que la migración forzada se ha convertido en una estrategia de control político, ejecutada por el Estado para desarticular las voces críticas, reducir la presión interna y consolidar un modelo de represión que trasciende fronteras.
Migrar o callar: tres caminos en un ecosistema de represión
El informe describe un “ecosistema represivo” donde el poder estatal deja a las personas defensoras ante tres opciones: silenciarse, ser encarceladas o exiliarse.
Periodistas, sindicalistas, abogados, observadores electorales y líderes de ONG enfrentan desde vigilancia y hostigamiento hasta detenciones arbitrarias, allanamientos, desapariciones forzadas y criminalización pública. La Ley contra el Odio, los bloqueos mediáticos y la intervención de sindicatos son parte de una arquitectura de censura que busca erradicar toda disidencia.
“En Venezuela, el desplazamiento forzado de personas guarda una estrecha relación con la instalación de una autocracia”, recuerda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lo que comenzó como un exilio político individual se ha transformado en un éxodo de profesionales, líderes y voces críticas —una “migración experta”— compuesta por periodistas con más de dos décadas de trayectoria, abogadas especializadas en derechos humanos y activistas con amplia formación en estándares internacionales.
El Estado que empuja al exilio
Según el estudio, el Estado venezolano no solo omite proteger a sus ciudadanos, sino que fomenta activamente su desprotección, promoviendo la salida de quienes denuncian abusos. Esta política de expulsión indirecta permite al gobierno externalizar los costos sociales y políticos de su crisis, trasladando a otros países la atención de millones de personas y desmantelando el tejido democrático interno.
“El exilio se convierte en una fórmula eficiente de control”, advierte el documento. “Vacía el país de liderazgos legítimos y deja a los que permanecen bajo la lógica del miedo y la autocensura”.
El mapa del destierro
Entre 2020 y octubre de 2025, 69 personas defensoras de derechos humanos se vieron forzadas a migrar, con un aumento significativo tras las elecciones de julio de 2024. Solo en ese segundo semestre, 28 defensoras y defensores abandonaron Venezuela, entre ellos periodistas, activistas LGBTIQ+, abogadas y líderes gremiales.
La mayoría buscó refugio en Colombia, seguida de España, Estados Unidos, Argentina, México y Brasil. Sin embargo, los países receptores tampoco ofrecen refugios seguros. En Colombia, solo una de cada 29 solicitudes de refugio presentadas por personas defensoras en 2024-2025 obtuvo respuesta favorable.
“Nos vigilan, incluso fuera”
Los testimonios recopilados en el informe narran el tránsito del miedo cotidiano al exilio forzado. Personas defensoras relatan haber sido seguidas, señaladas públicamente, bloqueadas en el sistema financiero o despojadas de sus pasaportes.
“Anularon mi pasaporte. Fue la advertencia: o dejas de hacer lo que haces, o te vas”, dice una de las entrevistadas.
Otros hablan de allanamientos sin orden judicial, hackeos, amenazas a familiares y secuestros de compañeros de trabajo. La huida, muchas veces improvisada, se convierte en el último recurso antes de ser encarcelados.
El informe subraya que la violencia no termina con la salida del país. Los defensores exiliados enfrentan hostilidad, irregularidad migratoria y precariedad económica. Peor aún, algunos han sido blanco de violencia transnacional, como el atentado del 13 de octubre de 2025 en Bogotá contra Yendri Velásquez y Luis Peche, defensores venezolanos baleados por hombres armados frente a su residencia. Ambos sobrevivieron tras múltiples heridas.
Colombia: el asilo que no llega
La llegada a países de acogida no ha significado necesariamente la superación de la vulnerabilidad. En el caso de Colombia, principal destino de personas defensoras venezolanas, los testimonios revelan un panorama de incertidumbre jurídica, hostilidad social y precariedad económica.
El informe señala que el gobierno colombiano ha desmantelado políticas que antes eran referentes en la región, como la Gerencia de Fronteras o el Estatuto Temporal de Protección, sin crear mecanismos efectivos de regularización ni de protección internacional diferenciada para perseguidos políticos.
“La irregularidad migratoria no es un trámite, es una condena”, afirma uno de los testimonios citados. Quienes no logran acceder a refugio o a una visa especial quedan atrapados en la informalidad, sin acceso pleno a salud, educación o empleo, viviendo bajo la amenaza constante de deportación.
A diferencia de Argentina o Brasil —donde se mantienen vías flexibles de regularización—, Colombia ha endurecido su política migratoria, aplicando criterios discrecionales que profundizan la desprotección de quienes ya fueron forzados a huir.
El informe concluye que, para las personas defensoras venezolanas, la migración forzada no se traduce en integración, sino en supervivencia, y que los Estados de acogida deben reconocerlas como víctimas de persecución política y no como migrantes económicos.
Duelo migratorio: vivir entre el miedo y la culpa
El estudio dedica un apartado al llamado “duelo migratorio”, una forma de pérdida profunda que no termina con la llegada al país de destino.
“Nos han quitado la dignidad y el arraigo”, dice una defensora. “Perder el derecho a morir en tu tierra, o a ver morir a tus padres, es una herida que no cierra”.
La carga emocional se combina con la precariedad económica. El cierre de la cooperación internacional, la ley de fiscalización de ONG en Venezuela y la falta de visados laborales han dejado a muchos activistas sin ingresos estables. Algunos han debido reinventarse, ejerciendo oficios ajenos a su formación. “Dejé de ser periodista y ahora trabajo como diseñador. Es lo que hay para sobrevivir”, relata otro testimonio.
Una represión con rostro de mujer
El informe también documenta la doble vulnerabilidad de las mujeres defensoras, quienes no solo enfrentan la persecución política, sino riesgos diferenciados por género, tanto durante la huida como en los países de acogida.
Cargan, además, con la responsabilidad de sostener económicamente a sus familias en Venezuela y en el exterior. “Salimos del país, pero seguimos pagando los gastos de casa y los medicamentos de nuestros padres”, relata una activista entrevistada.
Un llamado al reconocimiento internacional
El informe concluye que la migración forzada venezolana no puede seguir tratándose como un fenómeno económico, sino como una crisis de derechos humanos.
La represión en Venezuela ha cruzado fronteras, transformándose en una persecución transnacional que exige respuestas coordinadas.
“La diáspora no es un escape, es una extensión de la lucha”, sentencia uno de los defensores exiliados.
Mientras tanto, cada salida forzada representa una derrota para la democracia venezolana y un desafío urgente para la región.
