Diversos actores de la sociedad civil venezolana e internacional expresaron su rechazo ante el atentado perpetrado en Bogotá, contra los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez.
Los pronunciamientos coincidieron en exigir al Estado colombiano una investigación inmediata, exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar medidas de protección efectivas para defensores y solicitantes de refugio.
La organización Civil Rights Defenders rechazó “de forma contundente” el ataque y exigió a las autoridades “encontrar a los responsables y garantizar que lxs activistas venezolanos puedan hacer su trabajo y vivir en Colombia dignamente”.
Por su parte, la Fundación Juntos Se Puede llamó al Gobierno colombiano y a organismos multilaterales a defender la vida de miles de perseguidos políticos venezolanos en el país. En un comunicado, instó a la Fiscalía y a la Cancillería a emprender una investigación “pronta, rigurosa y transparente”, además de acelerar los procesos de refugio. La organización recordó que la situación de Peche y Velásquez no es aislada, y citó casos recientes como el asesinato del exteniente Ronald Ojeda en Chile.
Cuestionamientos a la respuesta oficial
El atentado también generó debate en torno a la política migratoria colombiana. Tras un mensaje en el que el presidente Gustavo Petro afirmó que “toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia es bien recibida”, el periodista Luis Carlos Díaz respondió:
“No son ‘bien recibidos’. Migración Colombia ha dificultado o impedido por diseño que centenares de miles de venezolanos se regularicen. Los solicitantes de refugio deben esperar años que les aprueben y les impiden actividades. Los colombianos son solidarios, su gobierno: no”.
En la misma línea, la investigadora Ligia Bolívar señaló que “los hechos no confirman sus palabras” y recordó que desde 2024 organizaciones habían advertido sobre los riesgos que enfrentaban las personas venezolanas en el contexto pre y poselectoral. Según Bolívar, la respuesta institucional ha sido la inadmisión de solicitudes de visa y la demora en trámites de refugio.
Pronunciamientos desde Venezuela y el ámbito internacional
La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela expresó su “más enérgica condena” al atentado y exigió al Estado colombiano identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Además, demandó protección efectiva para los activistas refugiados en Colombia, reiterando que “ningún acto de violencia logrará silenciar la voz de quienes luchan por la libertad, la justicia y los derechos humanos del pueblo venezolano”.
La ONG Provea también denunció el ataque, recordando que Yendri Velásquez —defensor LGBTIQ+ y solicitante de refugio— fue perseguido en Venezuela y actualmente trabaja en el exilio en Colombia. La organización exigió al gobierno colombiano brindar protección urgente a defensores en riesgo y destacó el limbo migratorio en que se encuentran muchos solicitantes.
Desde la organización Cepaz se enfatizó que “nadie que proteja la vida y la libertad debería temer por la suya”, subrayando la gravedad de que la violencia alcance a activistas venezolanos en territorio colombiano.
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