Washington D.C., 8 de octubre de 2025. — Durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la comisionada Gloria de Mees, relatora de país para Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó nuevamente autorización para realizar una visita al país antes de que finalice el año, con el fin de constatar de primera mano las condiciones de derechos humanos y la situación de las personas privadas de libertad en el centro de detención conocido como El Helicoide.
“Es un momento decisivo que dirá mucho sobre la disposición del Estado venezolano para comprometerse con el sistema interamericano de derechos humanos, cumplir sus obligaciones internacionales y permitir la observación independiente”, expresó De Mees.
Persisten las detenciones arbitrarias y la falta de respuesta del Estado
La comisionada destacó que hasta la fecha el Estado venezolano no ha respondido a la solicitud de visita formulada por la CIDH en septiembre.
De acuerdo con los informes y denuncias recibidos, 808 personas permanecen arbitrariamente detenidas en el país, muchas de ellas sin contacto con familiares o abogados, lo que podría constituir desapariciones forzadas.
“La visita a El Helicoide es esencial”, subrayó De Mees, reiterando que la Comisión también busca reunirse con organizaciones de derechos humanos, víctimas y representantes de la sociedad civil en distintas regiones del país.
Más de dos décadas sin acceso y una crisis que se agrava
La CIDH recordó que su última visita oficial a Venezuela ocurrió hace más de 20 años, en 2002. Desde entonces, todos los intentos de retorno —incluidos los realizados en 2017 y 2020— han sido rechazados.
Aun así, la Comisión ha mantenido su seguimiento. Solo en 2024 emitió 23 medidas cautelares y en lo que va de 2025 ha dictado otras 9, dirigidas a proteger a personas en riesgo y documentar violaciones graves.
De Mees alertó que la situación en Venezuela se ha deteriorado, recordando que en enero de 2025 la CIDH publicó un informe sobre las violaciones de derechos humanos posteriores a las elecciones presidenciales de 2024. Según la comisionada, se trata de acciones sistemáticas, planificadas y ejecutadas para perpetuar el poder, en un contexto de creciente autoritarismo y represión hacia voces disidentes.
Un llamado a la responsabilidad internacional
En su discurso, De Mees enfatizó que autorizar la visita de la CIDH sería “una muestra genuina de voluntad del Estado venezolano para cooperar con el sistema interamericano y cumplir sus compromisos internacionales”.
“Negar esta visita, en cambio, confirmaría el colapso de las garantías institucionales y de los derechos humanos en Venezuela”, advirtió.
La relatora concluyó reafirmando el compromiso de la CIDH de actuar con profesionalismo, independencia y pleno respeto a la soberanía venezolana, insistiendo en que lo que está en juego “no es solo el acceso a los centros de detención, sino la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano en su conjunto”.
Comunicado en inglés aquí
