Caracas, 26 de septiembre de 2025 –
En medio de una escalada de represión, desigualdad social y creciente militarización, organizaciones de derechos humanos como Provea alertan que la crisis venezolana se profundiza tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, las cuales fueron opacadas por el secuestro de la voluntad popular y una ola represiva sin precedentes.
Una democracia suspendida de facto
El gobierno de Nicolás Maduro ha endurecido su control sobre el país mediante el cierre del espacio cívico, la persecución de la disidencia política, la represión violenta de protestas y el desconocimiento sistemático de sus obligaciones en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
Según la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, “la maquinaria represiva del Estado sigue asfixiando a la sociedad civil venezolana”.
Crisis humanitaria y colapso social
La precarización del empleo, la destrucción del ingreso familiar y el auge de economías criminales se combinan en un entorno de colapso económico y social, con impactos severos sobre comunidades indígenas, zonas rurales y fronterizas.
Barcos pesqueros son utilizados para el contrabando de personas, combustible y vida silvestre, mientras se consolida una “gobernanza criminal” amparada por la cesión informal de territorio.
Escalada militar de EE.UU. en El Caribe
A inicios de septiembre, una operación militar estadounidense resultó en la muerte de 11 personas presuntamente vinculadas al “Tren de Aragua” en aguas del Caribe. Según el propio Donald Trump, se trató de “11 terroristas eliminados en acción”.
ONGs como Amnistía Internacional han denunciado la operación como una ejecución extrajudicial, violatoria del derecho internacional. La falta de transparencia del gobierno estadounidense alimenta las dudas en torno al uso letal de la fuerza.
Venezuela militarizada: de la represión al control territorial
La respuesta del gobierno de Maduro ha sido reforzar la militarización total del país. Con la aprobación del Decreto N.º 5.164, se crean las Áreas de Defensa Integral (ADI) en los 335 municipios, instalando tanquetas y tropas en zonas populares, especialmente aquellas donde hubo protestas tras las elecciones.
Estas acciones se justifican bajo la narrativa de la “defensa de la soberanía”, pero implican graves violaciones a los derechos de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión.
Desconexión institucional: la ONU y el Sistema Interamericano bajo ataque
Venezuela sigue bloqueando el ingreso de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, y expulsó en 2024 a los representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
El Estado venezolano tampoco responde a los Relatores ni cumple las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU).
En el plano regional, mantiene la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 2013, excluyéndose de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
¿Cuál es la salida?
Provea, organización venezolana con 37 años de trayectoria, insiste en que la justicia y la verdad son imprescindibles para la salida pacífica y democrática de la crisis.
“La comunidad internacional no puede normalizar lo que ocurre. No hay justificación válida para suspender derechos fundamentales”, afirmó un vocero de la organización.
Además, advierte que la militarización no puede suplantar el Estado de Derecho, y exige una revisión urgente del gasto público que prioriza armas sobre salud, educación y servicios básicos.
En resumen
Las elecciones de julio fueron opacadas por represión. Se consolida un modelo autoritario con militarización total. EE.UU. actúa con fuerza letal extrajudicial sin transparencia. Venezuela bloquea todos los mecanismos de rendición internacional. La crisis se agrava con más pobreza, migración forzada y violencia estatal.
Llamado urgente
Provea exhorta a todos los actores nacionales e internacionales a no guardar silencio.
Es el momento de acompañar al pueblo venezolano en su decisión de vivir con dignidad, en paz y en democracia.
