Caracas, 21 de septiembre de 2025.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, adscrita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha publicado su informe más reciente, en el cual denuncia con severidad la continuidad de una política sistemática de represión estatal tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El documento, titulado Conclusiones detalladas A/HRC/60/CRP.4 y divulgado el pasado 8 de septiembre, sostiene que el Estado venezolano ha ejecutado un patrón de violaciones de derechos humanos que incluye tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual basada en género, detenciones arbitrarias, uso abusivo del aislamiento, y persecución por motivos políticos. Todo ello, bajo un plan que la Misión califica como constitutivo del crimen de lesa humanidad de persecución política .
“La represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales”, señala el documento .
Víctimas documentadas: niños, mujeres, activistas y periodistas
Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, la Misión identificó al menos 443 víctimas de detención arbitraria, incluyendo 84 personas extranjeras, 220 menores de edad y múltiples defensores de derechos humanos .
Durante las protestas postelectorales, al menos 30 personas murieron: 25 en manifestaciones y 5 bajo custodia estatal. Otras 3 fallecieron tras ser liberadas en condiciones de salud deterioradas .
Los hallazgos incluyen casos de violencia sexual como método de sometimiento, especialmente contra mujeres y adolescentes privadas de libertad, así como prácticas de aislamiento e incomunicación prolongadas, consideradas como tratos crueles y degradantes por estándares internacionales .
El sistema judicial como brazo de persecución
La Misión documenta un uso político del sistema de justicia penal en Venezuela. Se reportan audiencias sin defensa legal adecuada, abogados impuestos por el Estado, procesos judiciales nocturnos, sin publicidad ni respeto al debido proceso. Algunas audiencias se celebraron por videollamada o WhatsApp desde centros de detención como El Helicoide .
“Las detenciones arbitrarias son ordenadas por autoridades políticas, avaladas por el Ministerio Público, ratificadas por el Poder Judicial y prolongadas por el sistema penitenciario”, denuncia el informe .
El rol de la DGCIM, el SEBIN y tribunales antiterroristas
El informe señala a altos funcionarios como responsables de los operativos de detención, incluyendo jueces y fiscales de tribunales con competencia en terrorismo, además de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). A ello se suma el uso indiscriminado de la Ley Contra el Odio y otras figuras penales para silenciar la disidencia .
Nuevas leyes y cerco al espacio cívico
El documento también examina leyes como la Ley del Libertador Simón Bolívar y la Ley Contra el Fascismo, que han sido usadas para criminalizar la disidencia política y restringir la labor de las organizaciones de la sociedad civil .
Conclusión del informe
La Misión concluye que los hechos documentados “no son incidentes aislados”, sino parte de una política de Estado destinada a suprimir la disidencia política y ejercer el control social por la vía de la represión, la violencia institucional y la impunidad.
“El aparato represor sigue plenamente operativo”, advirtió la Misión. “La dura represión y los crímenes de lesa humanidad continúan en Venezuela” .
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