Tres venezolanos iniciaron el domingo 31 de agosto una huelga de hambre en las afueras de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, como medida de presión para que el tribunal acelere las investigaciones sobre las violaciones graves de los derechos humanos cometidas en Venezuela.
Damarys Bello, una de las manifestantes, informó que esta acción busca visibilizar la falta de justicia para las víctimas de represión y violencia estatal. “Iniciamos una huelga de hambre contra la impunidad estructural del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacemos por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela”, afirmó.
“No pedimos compasión, pedimos justicia”
Los manifestantes consideran que los avances en el proceso han sido insuficientes, pese a que la Fiscalía de la CPI abrió formalmente una investigación sobre Venezuela en noviembre de 2021, abarcando posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde febrero de 2014.
“La justicia no puede seguir esperando. No pedimos compasión, pedimos justicia y el fin de la narcotiradura criminal de Nicolás Maduro”, expresó Bello como vocera del grupo.
En casi cuatro años desde el inicio del procedimiento, la Fiscalía aún no ha anunciado decisiones procesales concretas, lo que ha generado preocupación entre víctimas y defensores de derechos humanos.
A comienzos de agosto, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang —encargado de la investigación sobre Venezuela—, sostuvo un encuentro con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en Caracas. Tras la reunión, Niang reiteró el compromiso de la institución con el proceso investigativo, sin anunciar avances públicos.
Esta situación ha sido vista por los activistas como una señal de lentitud o posible dilación. La huelga de hambre busca precisamente aumentar la presión internacional y visibilizar el clamor de justicia de las víctimas.
Ante la CPI, una protesta en nombre de las víctimas
La manifestación en La Haya representa una forma directa de interpelar a la comunidad internacional y al sistema de justicia penal global. Los activistas esperan que esta acción pacífica sirva de catalizador para que la Fiscalía actúe con mayor firmeza frente a los casos documentados de represión estatal, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura.
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