Por La TV Calle/ 29 de agosto de 2025
Un nuevo despliegue militar en la frontera entre Colombia y Venezuela pone en el centro del debate el uso desmedido de la fuerza, la narrativa de guerra contra el enemigo interno y la marginación histórica de los derechos humanos en las zonas más vulnerables del país. Esta vez, tanto el gobierno de Gustavo Petro como el de Nicolás Maduro han anunciado la militarización del Catatumbo, bajo el argumento de frenar la expansión de las mafias criminales y reforzar la soberanía.
15 mil militares desplegados en el lado venezolano
El 25 de agosto de 2025, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó el despliegue de 15 mil soldados y policías en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, como parte de la llamada Operación Relámpago del Catatumbo. Según Cabello, esta estrategia busca “resguardar la frontera” y proteger al país de “amenazas externas”, especialmente luego de las tensiones con Estados Unidos tras el envío de buques de guerra hacia aguas cercanas a Venezuela.
“El presidente ha ordenado un refuerzo operacional especial… Y ha ordenado en una primera fase un despliegue de quince mil hombres y mujeres”, declaró Cabello.
La acción incluye apoyo con drones, refuerzos aéreos y fluviales, bajo la narrativa oficial de que es necesario garantizar la paz y combatir el narcotráfico.
La experiencia de 2015 como antecedente de abusos
Lo ocurrido en 2015 arroja luces sobre las consecuencias de este tipo de operativos. Ese año, el Ejecutivo venezolano decretó ocho estados de excepción que afectaron a 26 municipios en cuatro estados fronterizos, bajo el argumento de combatir el paramilitarismo, el contrabando y los “atentados contra la moneda”. En la práctica, esto derivó en estigmatización y criminalización de pobladores fronterizos, catalogados como “bachaqueros” y “traidores a la patria”.
Hoy, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la posibilidad de que esta historia se repita.
Petro también ordena militarizar su frontera
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de X (antes Twitter):
“Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia.
He ordenado al ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano.
Tenemos 25.000 soldados en la zona.
No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados quien lo logra.”
Aunque Petro argumenta que se trata de una acción coordinada contra las mafias, la militarización simultánea en ambos países revive interrogantes sobre el impacto real de estas estrategias.
Organizaciones advierten sobre más represión y desconfianza
Desde el enfoque de derechos humanos, distintas voces alertan sobre los efectos nocivos de este tipo de despliegues. La organización Provea lo expresó con contundencia en un comunicado oficial:
“En el pasado, operativos como el llamado Escudo Bolivariano o el propio Relámpago del Catatumbo han demostrado su ineficacia. Lejos de disminuir la presencia de agrupaciones irregulares, han elevado los abusos contra los pobladores fronterizos”.
La organización agrega que el Estado venezolano ha privilegiado una visión hegemónica de seguridad basada en la “mano dura”, por encima del desarrollo social o la garantía de derechos:
“La narrativa de la persecución del enemigo interno o externo ha servido históricamente de excusa para cometer atropellos y violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional.”
🔗 Lee el análisis completo de Provea aquí
¿Seguridad o control poblacional?
Desde La TV Calle nos hemos preguntado si estas acciones traen realmente prosperidad y seguridad, o si solo profundizan la desconfianza. En una investigación reciente, exploramos el significado de la zona binacional colombo-venezolana, conversamos con habitantes, expertos y organizaciones sociales que viven las consecuencias de esta política, dejando ver que este tipo de medidas suelen profundizar las tensiones y los riesgos que ya enfrentan a diario los pobladores fronterizos
Los testimonios recogidos por La TV Calle revelan que el abandono institucional, la falta de servicios básicos y la militarización permanente hacen que vivir en frontera sea, para muchos, una sentencia de incertidumbre.
