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Excarcelan a la activista Martha Lía Grajales tras cinco días de detención arbitraria

Caracas, 13 de agosto de 2025 — La activista de la organización no gubernamental Surgentes, Martha Lía Grajales, fue excarcelada la noche del 12 de agosto, luego de recibir una medida sustitutiva de privativa de libertad. Grajales había sido detenida el 8 de agosto por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una alcabala cercana al Centro Plaza, en Altamira, sin orden judicial y bajo cargos de conspiración, incitación al odio y asociación para delinquir.

Su esposo, Antonio González, informó a través de un video en la cuenta de Surgentes en Instagram que la medida fue otorgada aproximadamente a las 9:00 p.m. “Tiene unas medidas sustitutivas de la privativa de libertad, pero sigue un proceso judicial que es a todas luces arbitrario”, expresó.

Antecedentes del caso

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De acuerdo con organizaciones de derechos humanos como el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Grajales fue detenida después de participar en una concentración en apoyo a las madres de presos políticos, realizada el 5 de agosto. Ese día, la activista fue agredida durante una vigilia del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que esperaba una audiencia con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carysliá Rodríguez.

La ONG Provea denunció que la activista fue obligada a abordar una camioneta gris sin placas, y que su detención formó parte de un patrón de represión contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas poselectorales.

Solidaridad nacional e internacional

El esposo de Grajales agradeció la solidaridad recibida dentro y fuera de Venezuela, así como el trato “con dignidad y respeto” que —según afirmó— tuvo su esposa en los centros de reclusión. Sin embargo, alertó que el proceso judicial continúa y que las imputaciones carecen de sustento.

Organizaciones nacionales e internacionales han reiterado el llamado a garantizar la integridad física y el derecho a la defensa de Grajales, así como a cesar la criminalización de la labor de defensores de derechos humanos.

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