Este jueves se cumplen 200 días desde la detención del activista político venezolano Jesús Armas, ocurrida el 10 de diciembre de 2024 en Caracas. La detención fue realizada por hombres encapuchados, sin orden judicial aparente, a la salida de un establecimiento comercial en Las Mercedes, según denunciaron sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos como RFK Human Rights.
Desde entonces, no se ha realizado una audiencia preliminar, ni se ha informado oficialmente de los cargos imputados. De acuerdo con reportes de su entorno familiar y legal, Jesús Armas permanece incomunicado, sin acceso a visitas familiares ni a su defensa privada. Se presume que se encuentra recluido en la sede del SEBIN conocida como El Helicoide, aunque no ha habido confirmación oficial por parte del Estado.
En los días posteriores a su detención, según denunció su pareja, la activista Sairam Rivas, Armas habría sido trasladado a una casa clandestina del SEBIN, donde se le habría sometido a tortura psicológica, antes de ser llevado a su actual centro de reclusión. Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por estas denuncias, incluyendo Foro Penal, PEN America, la Organización de Estados Americanos y Human Rights Watch.
Jesús Armas fue concejal del municipio Libertador entre 2013 y 2018. Actualmente es presidente de la organización Ciudadanía Sin Límites, dedicada al monitoreo comunitario de los servicios públicos y a la promoción de la participación ciudadana en Venezuela. También ha sido becario de programas internacionales como Chevening (Reino Unido), Obama Foundation (EE. UU.) y el McCain Institute.
📊 Contexto más amplio: 934 personas detenidas por motivos políticos
El caso de Jesús Armas se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por el número de personas detenidas por razones políticas en Venezuela. Según el más reciente balance del Foro Penal (23 de junio de 2025), actualmente hay 934 presos políticos en el país:
• Hombres: 840
• Mujeres: 94
• Civiles: 765
• Militares: 169
• Adultos: 930
• Adolescentes: 4
• Personas no condenadas: 781
Estas cifras reflejan un escenario persistente de privación de libertad sin sentencia firme, lo cual ha sido señalado por diversas instancias como una vulneración al debido proceso.
Organizaciones internacionales han reiterado el llamado a que se respete el Estado de Derecho, se informe con claridad el estado jurídico del caso y se garantice la integridad física y psicológica del activista.
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