Este 14 de mayo, la Misión Internacional de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, expresó con “profunda preocupación (…) La falta generalizada de protección judicial efectiva”, sumado a las detenciones selectivas para “silenciar a figuras de la oposición”.
“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento en comunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”, reseñó Marta Valiñas, quien es la presidente de la Misión.
El comunicado publicado por la misión afirmó que los cuerpos de seguridad del Estado son quienes han sido responsables de llevar a cabo esta práctica contra los opositores, mientras que los tribunales en materia penal y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia “ que siempre son cómplices al asegurar la impunidad de estos crímenes y graves violaciones a los derechos humanos, destacaron.
En vista de estos hechos la Misión recalcó, que se confirma la ausencia de un verdadero Estado de Derecho, colocando como ejemplo, “ la ineficiencia de la institución del Habeas Corpus”, en los últimos meses la misión a confirmado que en al menos 20 casos, este mecanismo de protección no fue recibido, o fueron rechazados, enfatizando que de estos 20 casos en 13 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concedido medidas cautelares.
Exigen liberación de personas detenidas
Por su parte Patricia Tappatá, experta de la Misión comentó que “ la indiferencia, la resistencia o la negatividad del aparato judicial la recibir y tramitar Habeas Corpus es un grave incumplimiento de los deberes de los funcionarios y supone un acto de complicidad”, la experta reseñó el caso del abogado Eduardo Torres miembro de la organización Provea, a quienes sus familiares y abogados esperaron horas a las afueras del Palacio de Justicia, sin poder entregar un recurso de Habeas Corpus, debido a la negativa de la jueza encargada.
Debido a estos hechos la misión exige la liberación sin condiciones de todas las personas detenidas arbitrariamente instando al Consejo de Derechos Humanos y a mantener la vigilancia ante la grave situación de derechos humanos que ocurre en Venezuela.



