El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunció que las víctimas de la represión del año 2017 en Mérida cumplieron 8 años sin obtener justicia ni reparación de daños.
En un comunicado, la ONG universitaria señaló que en el contexto de las protestas sociales contra el gobierno de Nicolás Maduro, más de 2.000 personas resultaron heridas y se registraron 15 ciudadanos asesinados. Casos que hasta la actualidad no han recibido reparación de daños por parte del Estado venezolano.
Entre los casos de homicidios, registrados por el observatorio, 14 de ellos fueron «víctimas de disparos con armas de fuego accionadas por delincuentes, la mayoría aun sin identificar y muchos de ellos señalados por testigos como miembros de colectivos armados progobierno». A pesar de la documentación y denuncias en los entes competentes, ninguno de los casos fueron investigados y responsabilizado a los culpables.
«En 2022, el ODH-ULA publicó un informe en el que da cuenta de casos donde el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas y aún no lo ha hecho. Los delitos cometidos contra esas personas constituyen, en su mayoría, crímenes de lesa humanidad que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)», expone el comunicado, el cual actualizó que para la fecha aún no se tiene respuesta estadal.
¿Qué es la reparación de daños en la justicia?
Los expertos señalan que la reparación del daño es un derecho humano que consiste en el resarcimiento que debe, por obligación, cumplir el o los victimarios a las víctimas, incluidas las víctimas por extensión que hayan resultado afectadas.
Este derecho humano está establecido en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero, Venezuela también tiene la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Nacional oficialista, publicada en Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 2021. Sin embargo, aunque existe basamento legal que compromete al Estado, el gobierno de Nicolás Maduro no se ha ocupado en resarcir a las víctimas de las protestas sociales.
«El ODH-ULA detalla 55 casos que el equipo legal ha asistido ante el sistema de justicia en Mérida, y en ninguno de ellos las víctimas han sido debidamente reparadas. Esta cifra no incluye los casos que ha representado esta organización después de junio de 2022», expone el comunicado.
