La organización Amnistía Internacional para Las Américas alertó que la expulsión ilegal de 238 venezolanos desde los Estados Unidos hasta El Salvador “pone vidas en riesgo” y señala un “avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Donald Trump”.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, enfatizó que el hecho de que el gobierno norteamericano expulsara a los 238 connacionales a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, representa un desprendimiento de los Estados Unidos hacia los derechos humanos.
Además de apoyar las políticas de seguridad controversiales que ha implementado el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador desde 2019.
“La expulsión de 238 personas de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, representa no solo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump, como ignorar a un juez federal de Estados Unidos y ahora pedir su destitución. Además, es un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente Bukele”, expresó la directora en una nota institucional.
En este sentido, Piquer señaló que las expulsiones recientes han afectado a personas en proceso judicial y a quienes, a pesar de cumplir con sus obligaciones migratorias, han sido deportados sin un debido proceso.
Destacó que muchos de estos individuos no tienen antecedentes penales en Estados Unidos o en Venezuela y fueron expulsados simplemente por su apariencia o conexión con el estado de Aragua, lo que no explica un vínculo directo con el grupo clasificado como terrorista “tren de Aragua”.
Además, aunque oficialmente no se consideran deportaciones, estas expulsiones se llevan a cabo sin orden de traslado y en un sistema que ignora los derechos humanos fundamentales, “poniendo en riesgo” la vida de los migrantes.
“Con el presidente Bukele, El Salvador se ha convertido en ejemplo de una tendencia alarmante en Las Américas, donde el encarcelamiento masivo, la falta de control sobre el poder ejecutivo y la criminalización de las comunidades marginadas se presentan como soluciones al crimen”, expone el comunicado.
Finalmente, Amnistía Internacional resaltó que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) fue denunciado ante organismos internacionales por “hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados que constituyen trato cruel, inhumano o degradante”.
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