El pasado 15 de marzo se cumplió 11 meses de la detención arbitraria del periodista y defensor de DDHH, Carlos Julio Rojas en la prisión del Helicoide, imputado por un supuesto caso de intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Eduardo Torres, abogado que forma parte de la defensa privada de Rojas recalcó la preocupación no sólo de las organizaciones multilaterales, nacionales y de su gremio por la ausencia de garantías que ofrece el Sistema de Justicia venezolano, “lo que afecta su derecho a la defensa y al debido proceso, establecidos en la Constitución de Venezuela en sus artículos 26, 44 y 49, respectivamente, así como en instrumentos internacionales suscritos y que son parte integrante del ordenamiento jurídico”.
Ahora, a casi un año de permanecer en una celda, su familia pide justicia y clama por su libertad. “Hoy más que nunca me duele ver a Carlos Julio preso injustamente con una condición inestable de salud e indefensión. Él es un hombre decente que ha dedicado su juventud a trabajar por causas justas en favor de los ciudadanos, de la comunidad donde residimos y del gremio periodístico”, expresó Francy Fernández, esposa de Rojas.
Destacó que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en enero medidas cautelares al periodista por considerar “que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.
Recordó que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió su preocupación “por el aumento de las amenazas, el hostigamiento y las agresiones contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces consideradas críticas, incluso mediante arrestos y procesamientos en Venezuela. Entre los que refirió al caso de Carlos Julio”.
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