La organización no gubernamental, PROVEA, solicitó una medida humanitaria para la defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, quien cumple 364 días detenida, y requiere una operación debido a una fractura en el hombro derecho.
“Rocío no puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron meses en diagnosticarla; en reclusión no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna”, reseñó la organización.
San Miguel, es directora de la organización no gubernamental, Control Ciudadano, y fue detenida varios familiares entre ellos su hija, el 9 de febrero de 2024, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira. La activista permaneció varios días en desaparición forzada, para luego ser presentada ante los tribunales siendo imputada por diversos delitos, como «terrorismo» y «traición a la patria».
En diciembre circularon por los medios de comunicación, fotos de la activista en una consulta médica, donde le fue diagnosticado fractura del hombro derecho.
“Ella tiene derecho a sus médicos de su confianza, no a un sistema que le niega una atención efectiva y oportuna. Rocío no puede ser sometida a cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física”, resaltó PROVEA en su cuenta de la red social X.
PROVEA instó “al gobierno venezolano que otorgue una medida humanitaria y libertad a Rocío que le permita ser atendida por médicos de su confianza y ser operada en libertad”, haciendo un llamado también a España para que intercedan por la libertad de su ciudadana.
Cabe señalar que la organización Control Ciudadano, de la cual Rocío San Miguel era directora, se encargaba de documentar, investigar e informar sobre defensa, soberanía nacional y temas militares.
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