En la región del Catatumbo, departamento Norte de Santander, Colombia, se convirtió en un escenario de tragedia humanitaria, donde la violencia de los grupos armados irregulares han dejado al menos 5.000 desplazados y 80 muertos en los últimos enfrentamientos.
Esta crisis afecta la estabilidad de la frontera entre Venezuela y Colombia donde miles de personas buscan refugio. Los afectados se han traslado hacia Cúcuta , Ocaña y Tibú, según cifras de la Gobernación de Norte de Santander, pero otros han llegado al municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, Venezuela.
El conflicto, protagonizado por el ELN y las disidencias de las FARC, responde a una lucha por el control de rutas estratégicas como el corredor Tibú-Cúcuta, esencial para el narcotráfico. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), esta región concentra más de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, lo que la convierte en un enclave codiciado para el tráfico de drogas.
Ante esta situación de violencia que se vive en el Catatumbo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió las negociaciones con la guerrilla del ELN por no tener «voluntad de paz».
El impacto en la población civil
La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre esta situación. En la Alerta Temprana 025 de 2021 y la Alerta de Inminencia 026 de 2024. Ambas alertas señalaban una serie de recomendaciones a las autoridades locales y nacionales para prevenir una situación de violencia en la zona y se pudiesen tomar medidas tempranas para garantizar la protección y los derechos fundamentales de las personas afectadas por este conflicto armado.
A su vez, el representante de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, condenó los recientes asesinatos de líderes sociales en la región y pidió a los grupos armados cesar las acciones violentas. “La verdadera voluntad de diálogo pasa por respetar la vida de quienes optaron por la paz”, señaló.
El papel de Venezuela
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro dio instrucciones de habilitar refugios para la atención para los desplazados colombianos.
En un comunicado oficial se afirma que se “ha activado un operativo especial para la atención de la población civil desplazada desde Colombia, que se ve obligada a escapar de la terrible violencia armada que les ha azotado”.
Este plan se ejecuta en los municipios fronterizos de Jesús María Semprún, del estado Zulia y García de Hevia, en Táchira.
Por su parte, la Organización no Gubernamental FundaRedes advirtió a través de un comunicado que muchos de los ciudadanos colombianos que se ven obligados a buscar refugio en el estado Zulia, particularmente en el municipio Jesús María Semprún, debido a su proximidad geográfica, así como en algunas zonas del estado Táchira, podrían no solo enfrentar las “dificultades propias de adaptarse a un nuevo entorno, sino que también quedan expuestos a la violencia endémica que ha caracterizado a esta región durante años”.
La ONG también detalló que estos municipios fronterizos de Venezuela por años han tenido la presencia de grupos guerrilleros como el ELN y diversas bandas criminales. “La presencia de la guerrilla del ELN y de bandas criminales organizadas ha consolidado al estado Zulia, según registros de FundaRedes, como uno de los más violentos de Venezuela. Entre 2023 y 2024, se han documentado más de 299 homicidios y 129 enfrentamientos en la región”, señaló.
Colombia denunciará al ELN ante la ONU
El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo anunció que el gobierno denunciará al ELN ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por los hechos suscitados en el Catatumbo.
Murillo también destacó la grave situación de los ciudadanos colombianos que han buscado refugio en Venezuela para escapar de la violencia en la región. Según el Canciller se espera que el número de personas desplazadas continúe en aumento, por lo que se ha implementado un operativo especial de atención.
“Las autoridades regionales ya están preparadas. Hasta ahora, hemos registrado la llegada de 60 personas a varias poblaciones fronterizas, y parece que este número seguirá creciendo. La ACNUR ya está respondiendo a la situación, y nuestro embajador ha establecido contacto con la organización”, señaló.
El funcionario también informó que ha dado instrucciones para que el embajador en Venezuela y el cónsul en San Cristóbal supervisen la emergencia humanitaria de cerca.
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