Este lunes 13 de enero dos grupos de trabajo y seis relatores especiales en materia de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suscribieron un documento, con la intención de denunciar “ las condiciones inadecuadas de detención en Venezuela. Que incluyen una sistemática falta de acceso adecuado a alimentación agua y saneamiento, atención y tratamiento médico en centros de detención, penitenciarios y preventivos”. Haciendo especial énfasis en mujeres personas adultas mayores y personas con discapacidad, señalando casos como el de Emirlendis Benitez, Javier Tarazona, Josnars Baduel, Yenny Barrios, entre otros.
La misiva señala que los centros de detención en Venezuela presentan condiciones de detención inadecuadas siendo esto un obstáculo para garantizar una atención médica adecuada. Siendo estas agravadas por el hacinamiento y el uso excesivo de prisión preventiva. Dando como ejemplo que en el año 2023 según información recibida por el Consejo de Naciones Unidas, de los 52 centros penitenciarios que se encuentran en Venezuela únicamente 35 estarían operativos teniendo una capacidad de 17,000 personas. Pero ese año habrían sido detenidas 29,500 personas ocasionando una tasa de hacinamiento de 173%.
Detenidos carecen de acceso
“Tanto en los centros de detención penitenciaria, como en los centros de detención preventiva, las personas detenidas carecerían de acceso adecuado de alimentos, agua potable para consumo y para el aseo personal, medicamentos y atención médica especializada”. Señalando que las personas privadas de libertad, dependerían de sus familiares para poder acceder tanto a los medicamentos como a la provisión de alimentos. Lo que ocasionaría enfermedades gastrointestinales y malnutrición, así como también problemas respiratorios.
Señala que pese a que los centros de detención preventiva, habrían sido diseñados por ley como centros de detención temporales que no superarían las 48 horas. Existen casos de personas quienes habrían sido detenidos hasta más de 10 años.
Contexto postelectoral: Consejo DDHH
Debido al contexto postelectoral ha aumentado el hacinamiento en los centros de detención y ha existido disminución de número de comidas proporcionadas al día, presuntamente de manera selectiva y punitiva, contra quienes fueron detenidos en este lapso de tiempo. Así como también se han registrado tratos crueles y requisas invasivas a familiares de personas privadas de libertad, específicamente en el penal de Tocuyito.
Este documento hace referencia también a casos que presentan fuertes violaciones a los derechos humanos, como el caso de Emirlendris Benítez. Quién fue detenida el pasado 5 de agosto 2018, en el estado Portuguesa, y se encontraba embarazada en el momento de su detención. Pero que habría sido sometida aborto sin su consentimiento luego de diversas torturas, según lo publicado en la misiva.
Debido a los numerosos casos que señala el documento, los grupos de trabajo y los relatores especiales, señalan que “de resultar ciertas ponen en grave peligro la vida e integridad personal de las personas detenidas. Especialmente en el caso de personas que enfrentan mayores vulnerabilidades”. Por lo que resultarían una “ violación del derecho inalienable de vivir libre de tortura o tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”.
Manifestando su preocupación por el uso frecuente de las denominadas desapariciones forzadas, por lo que en relación a las alegaciones mencionadas en el comunicado exhorta a proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar la dignidad humana y el respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela, así como el paradero de Perkins Rocha.
Este documento solicita recibir la respuesta en un plazo de 60 días.
