La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente la represión contra la prensa por parte del Estado venezolano.
En un comunicado emitido el 26 de diciembre, la RELE instó al Estado venezolano a cesar de inmediato las prácticas violatorias de derechos humanos y a liberar a las personas detenidas arbitrariamente.
“Según declaraciones oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas en operativos tanto masivos como selectivos, muchos de los cuales están vinculados a las protestas sociales poselectorales o allanamientos bajo supuestas órdenes judiciales», sostiene la misiva.
Graves violaciones al debido proceso
Aunque en las últimas semanas se ha registrado la excarcelación de algunas personas, al menos seis periodistas y trabajadores de la prensa permanen privados de libertad. Estos son víctimas de un patrón de graves violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales registradas por la RELE, que incluyen la incomunicación de los detenidos con sus familiares y abogados, la prohibición de visitas y la denegación de defensa técnica.
A estos hechos se suma la reciente promulgación de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONGs” y la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela».
La aprobación de estas leyes facilita la persecución arbitraria contra la libertad de expresión y los derechos de reunión y asociación, de acuerdo a distintas organizaciones de la sociedad civil.
Llamado
La Relatoría Especial hace un llamado al Estado de Venezuela a restablecer el orden democrático, garantizando la independencia de los poderes públicos y el acceso a la información electoral.
Asimismo, insta a la comunidad internacional a condenar la violencia institucional, exigir al gobierno venezolano la liberación de los presos políticos, activar de manera urgente y coordinada canales diplomáticos bilaterales y multilaterales, así como mecanismos de diálogo y seguimiento, dirigidos a proteger el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Venezuela y mantener un monitoreo constante hasta la toma de posesión presidencial en enero de 2025.
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