El Gobierno de Argentina denunció este viernes la detención “arbitraria e injustificada” de un suboficial de la Gendarmería, el cabo primero Nahuel Agustín Gallo, en territorio venezolano; y de un trabajador de la Embajada en la ciudad de Caracas.
Sobre la detención del suboficial, según un comunicado emitido este viernes, Gallo fue arrestado el 8 de diciembre tras cruzar el Puente Internacional “Francisco de Paula Santander” desde Colombia con el propósito de visitar a su familia en el estado Táchira.
La Cancillería argentina informó que, a pesar de la naturaleza estrictamente personal de su visita, Gallo fue detenido sin un motivo legítimo. Lo que representa una clara violación a sus derechos fundamentales.
En respuesta a esta situación, el Gobierno de Javier Milei exigió, de manera “categórica e inmediata”, la liberación del funcionario. Afirmando que no tolerará actos de esta índole en contra de sus ciudadanos.
Argentina argumenta que estas “prácticas” contravienen los principios esenciales de la libertad individual y la dignidad humana. Ha manifestado su intención de actuar “con toda la firmeza” en foros internacionales para exigir la liberación de Gallo.
Asimismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, subrayó la urgencia de la liberación. Advirtiendo al régimen de Maduro que “cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin”.
Detención del empleado de la Embajada
Además de la detención de Gallo, el Gobierno argentino también ha denunciado la “arbitrariedad” en la detención de un empleado local de la representación diplomática en Caracas. Calificado como una violación “flagrante e inaceptable” de las normas internacionales que protegen a los diplomáticos y su personal.
Ante esto, la administración de Milei ha descrito esta situación como parte de una «campaña sostenida de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica» contra los asilados y empleados de la misión argentina.
La Cancillería confirmó la presencia de francotiradores en las inmediaciones de la residencia diplomática y de la ocupación de viviendas vecinas por parte de funcionarios de seguridad. Generando un “cerco de facto” que busca ejercer presión y generar un clima de terror sobre quienes se encuentran en el interior de la representación.
Ante esta grave situación, las autoridades argentinas han apelado al secretario general de las Naciones Unidas para que actúe con urgencia y determinación. Exigiendo la liberación del empleado y el suboficial, la entrega de salvoconductos para los políticos asilados. Y el cese del “hostigamiento y el terror psicológico” contra los opositores en Venezuela.
