Tras casi dos meses de su aprobación por parte de la Asamblea Nacional (AN) constituida en 2020, la conocida como ‘Ley anti-ONG’ fue publicada el 03 de diciembre en la Gaceta Oficial Extraordinaria n° 6.855, con fecha del 15 de noviembre,
Oficialmente llamada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, la legislación busca regularizar y supervisar las ONG en el país.
La normativa, que cuenta con 39 artículos, tres disposiciones transitorias y una derogatoria, señala que tiene como objetivo “establecer el régimen de constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro” en Venezuela.
La ley señala que estas organizaciones “deberán establecer métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección”. Además, indica que quedan excluidas de la aplicación de la normativa aquellas ONG cuya constitución y funcionamiento estén regidas por leyes especiales, en razón de la naturaleza de su objeto.
Advierten sobre la reducción de las libertades
Al respecto, Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, aseguró a través de su cuenta en X, que la publicación de la normativa en Gaceta Oficial confirma la estrategia de “la coalición gobernante de acelerar el proceso hacia un modelo totalitario con Nicaragua como ejemplo”.
Murillo denunció que la ley “formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas” y aseveró que el “régimen autoritario necesita silenciar a las organizaciones defensoras de derechos humanos, porque estas tienen una incidencia importante y la credibilidad suficiente para levantar la voz de modo que los graves abusos que se cometen no queden en el olvido”.
Por otra parte, Acceso a la Justicia lamentó que la ley se haya dado a conocer 18 días después de su entrada en vigencia, lo que considera una falta contra la seguridad jurídica de la población, y señaló que, como consecuencia,, el plazo que tienen las ONG para presentar los recaudos correspondientes, se redujo de 90 a 72 días.
De igual manera, la ONG Probox, dedicada a defender el derecho a la información denunció que la publicación de la ley “representa un grave detrimento al poco espacio cívico que queda en el país”.
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