La Oficina Pública de Defensa de Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) perteneciente a la Corte Penal Internacional (CPI) cuestionó al fiscal Karim Khan por el poco proceso de la investigación «Venezuela I», por lo que exigió acelerar la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país.
«Las víctimas llevan mucho tiempo esperando justicia y tienen derecho a un procedimiento rápido y justo. Por lo tanto es imperativo garantizar que cualquier medida adoptada (…) no resulte en detener o retrasar las investigaciones de la fiscalía sobre los crímenes cometidos en la situación (referentes a Venezuela) (…) esta preocupación se agrava aún más por la falta de avances visibles en la investigación y el continuo énfasis del fiscal en seguir una vía de complementariedad positiva» establece el documento de la OPCV.
La Oficina menciona un «posible conflicto de intereses» que involucra al fiscal Karim Khan, por lo que consideran que podría socavar la integridad de los procedimientos que se realizan y erosionar la confianza de las víctimas hacia la Corte penal Internacional, por lo que resaltan qué se debería nombrar un nuevo fiscal independiente para manejar el caso relacionado a Venezuela.
«Ante la aparente inactividad en la situación de Venezuela las víctimas consideran que la resolución del supuesto conflicto de intereses pueda usarse para justificar la falta de urgencia en el avance de la investigación», dice el comunicado.
La Oficina Pública de Defensa de Víctimas considera como la principal preocupación expresada por las víctimas de que el hecho de ser concedida la solicitud pueda resultar en la suspensión de la investigación de los crímenes que se han cometido en Venezuela hasta que se nombre un nuevo fiscal siendo exacerbada esta preocupación por la falta de avances visibles.
La oficina resaltó en su comunicado las detenciones que se han realizado bajo la «operación tun tun», por lo que señalan el desplazamiento de fuerzas de seguridad en los domicilios de aquellas personas que expresaban opiniones críticas contra el gobierno, además del uso de una aplicación móvil para denunciar a personas que fueran opositoras al gobierno.
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