Los abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunciaron limitaciones impuestas por el Estado venezolano para defender a los presos políticos detenidos el 29 y 30 de julio.
Informaron que hasta el 06 de noviembre no han podido representar la defensa legal de ninguna de las 38 personas detenidas en el contexto postelectoral. Realidad considerada como ilegítima, ya que los detenidos tiene derecho a una defensa privada.
«El impedimento responde a una orden emitida por funcionarios del Ministerio Público en Caracas, según información dada a los abogados por militares del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ubicado en el sector La Mata, lugar donde fueron recluidos en un primer momento los detenidos», informaron los miembros de la organización.
Esta limitación no solo la tiene el ODH ULA, hasta la fecha ninguna organización defensora de derechos humanos ha podido defender a los detenidos. Ante esto, aseguran que todos los presos políticos les han impuesto defensores públicos desde Caracas, violentando así el artículo 49 de la Constitución nacional, el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Limitaciones a defensores públicos
Aunado a esto, el Observatorio andino indicó que los defensores públicos, encargados de los casos, también han enfrentado limitaciones estatales.
El ODH confirmó que los defensores asignados a los presos políticos «asistieron a las audiencias de presentación, que se hicieron vía telemática en el Comando de la GNB ubicado en el sector La Mata de la ciudad de Mérida; sin poder ejercer defensa, pedir derecho de palabra, objetar ni pedir nulidad». Es decir, que los propios defensores asignados asistieron en calidad de observadores. Cuestión que genera preocupación por la defensa de los detenidos.
Finalmente, exponen que algunos defensores indican a familiares y activistas de derechos humanos que han intentado acceder a información oficial sobre el caso (en Caracas) y no tienen respuesta de sus colegas, otros fiscales y los propios jueces.
«Este observatorio pudo conocer que un abogado privado se trasladó hasta el tribunal de terrorismo en Caracas que lleva la causa de un detenido en el interior del país, quien renunciaba por escrito a la defensa pública y solicitaba que este abogado lo defendiera. El juez no quiso atenderlo y el personal administrativo que lo atendió se negó a recibir el escrito con la petición del detenido, alegando que en ese tribunal no tenían el expediente del caso», expone el ODH ULA.
Dicha situación deja en evidencia las vulneraciones al debido proceso judicial en Venezuela. Por ello, desde la organización universitaria rechazan el hostigamiento y las limitaciones al trabajo que hacen abogados y defensores de derechos humanos.
Nota relacionada: OVP pide garantizar el derecho a la educación de los adolescentes detenidos
