Este martes la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela presentó su quinto informe el cual comprende desde el 1ero de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024.
“Durante este período, hemos observado un empeoramiento de la situación de los derechos humanos, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.” Señaló Marta Valiñás
El informe leído por Valiñás destaca que este período estuvo “marcado por los actos de represión” antes de los comicios presidenciales. Pero también de las protestas masivas que se originaron luego de los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, las cuales generaron “respuesta violenta de las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados afines al gobierno”.
El documento resalta que la represión de las protestas post electorales estarían orquestadas por “los más altos niveles civiles y militares del gobierno incluido el presidente Maduro”.
“Nuestros hallazgos son contundentes. No solo no ha habido mejoras, sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes. En el contexto post electoral, hemos documentados 25 muertes confirmadas, la mayoría de ellas jóvenes menores de 30 años, de barrios populares. Hay dos niños entre ellos (…) de estas 25 víctimas, hemos confirmado que 24 murieron por heridas de bala, la otra fue golpeada hasta la muerte” reza el informe leído por Valiñás.
Pese a que el gobierno menciona que hubo dos muertos más, no han compartido ningún detalle, aunque Valiñás comenta que este funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana fallecería en un accidente de tránsito. Por lo que la Misión enviaría una solicitud formal para conocer los detalles pero no habría respuesta por parte del Ejecutivo Nacional.
Más de 2200 arrestos
La Misión aún no cuentan con pruebas suficientes para poder atribuir la responsabilidad de las 25 muertes confirmadas, pero lo que sí pudieron esclarecer es que en el contexto post electoral, hubo presencia de las fuerzas de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, que en ocasiones estuvieron “acompañadas de grupos de civiles armados que dispararon contra los manifestantes”.
“Entre el 29 de julio y el 6 de agosto, las autoridades venezolanas admitieron haber arrestado a más de 2.200 personas. De ellas, hemos confirmado la detención de al menos 158 niños. Algunos con discapacidad, y acusados de delitos graves como terrorismo e incitación al odio (…) estamos ante una represión sistemática, coordinada y deliberada por parte del gobierno venezolano que responde a un plan consciente de silenciar cualquier forma de disidencia” subrayó Valiñás.
El informe resaltó que numerosos líderes de la oposición venezolana fueron hostigados y detenidos, así como también periodistas y comunicadores sociales. Este documento concluye que las violaciones documentadas pueden constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas entre otros.
