A las puertas del inicio oficial de la campaña electoral, pautado para el 4 de julio y con 21 días de extensión según el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral, la organización Acceso a la Justicia advierte sobre la posibilidad de que se repita el ventajismo a ciertos candidatos por la falta de un marco legal específico que regule la contienda.
El artículo resalta la ausencia de una ley que establezca claramente las reglas de juego, aunque se ha intentado subsanar con el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y con las resoluciones relacionadas con la publicidad o el acceso a los medios de comunicación.
Distintas misiones de observación electoral han señalado el incumplimiento de varios artículos establecidos por la Ley Orgánica de Procesos Electorales en comicios anteriores, como por ejemplo, el numeral 14 del artículo 204 prohíbe el uso de fondos públicos para favorecer una tendencia política, la colocación de propaganda en edificios donde funcionen entes públicos, penado por el numeral 1 del artículo 205, o que los funcionarios públicos favorezcan a uno de los bandos, mencionado en el numeral 1 del artículo 221.
Experiencia en elecciones 2021
En las elecciones regionales y municipales del 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) documentó que los candidatos del partido gobernante se beneficiaron de una amplia red de activistas, quienes eran presionados o pagados para asistir a sus actos, y del extendido uso de los recursos del Estado, incluido el transporte público y la distribución de bienes y servicios.
Pero no es algo reciente, ya desde el año 2012 el Centro Carter monitoreó el uso desmedido de recursos del Estado y la dificultad de evaluar su impacto en las elecciones, ya que no existe un reglamento que exija la rendición de cuentas de contribuciones y gastos de campaña
Es por ello que Acceso a la Justicia reclama que la normativa vigente es muy vaga en cuanto al uso de los recursos públicos (ventajismo) para financiar campañas electorales y apenas establece sanciones.
Ley contra la corrupción
El artículo 75 de la Ley contra la Corrupción es uno de los pocos dentro de la normativa vigente que castiga el ventajismo electoral, sancionando con prisión de 1 a 3 años a los funcionarios que, en abuso de funciones, utilicen su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político.
Si se establecen ciertas restricciones a los candidatos durante la campaña electoral, podrían garantizarse condiciones mínimas de equidad y competitividad. La normativa actual no impide la propaganda institucional, las transmisiones conjuntas de radio y televisión (cadenas presidenciales), ni limita los gastos que cada aspirante puede hacer a lo largo de las campañas.
Estas restricciones deberían abarcar también el periodo de precampaña, que en los últimos periodos ha tendido a durar más que la campaña electoral en sí. El CNE ha alegado a su favor que no tiene competencia para regular este periodo previo en el que los candidatos han aprovechado para promocionarse.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Acceso a la Justicia expone que las posibilidades de que las elecciones del próximo 28 de julio cumplan con los estándares internacionales de transparencia, equilibrio e igualdad, en el sentido estricto de la palabra, son escasas.
“La ausencia de un marco legal y también de unas autoridades dispuestas a aplicarlo hasta las últimas consecuencias no hacen más que golpear a la institución del voto y, por ende, a la maltrecha democracia venezolana. Un árbitro imparcial es fundamental para nivelar las condiciones y las reglas de juego en la contienda electoral, pero mientras el CNE no asuma ese rol el ventajismo del que hasta ahora gozan los candidatos en el ejercicio de cargos públicos continuará campeando”, resaltan.
También señalan que es necesaria una administración de justicia independiente para que cualquier fraude o ilícito electoral pueda ser denunciado y haya un pronunciamiento imparcial e inmediato sobre el mismo.
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