En el marco de su décimo aniversario, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) publica su informe 10 Años de persecución en Venezuela: La consolidación de un sistema sofisticado de represión, el cual busca contribuir, con una documentación sólida, a la justicia, a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
«Este informe no solo es un ejercicio de denuncia, sino también un testimonio de un periodo obscuro, un compromiso con la verdad, un ejercicio de memoria con la determinación que la respuesta necesaria es la justicia, para que las víctimas y sus casos no sean olvidados y para que en Venezuela podamos construir una paz duradera. En este camino, la denuncia y la búsqueda de justicia han sido fundamentales para evitar el olvido y para comprender las dimensiones de la crisis que debemos atender», indicó Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz en las palabras de introducción del informe.
Desde Cepaz, en los diez años que han transcurrido desde nuestra fundación, hemos registrado torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Esta alarmante realidad acumula un número significativo de víctimas, que sufren la falta de justicia.
Más de dos mil casos documentados
Los primeros años del monitoreo estuvieron enfocados en reconocer y documentar patrones de persecución y criminalización, así como en registrar casos emblemáticos que permitieran ejemplificar estos patrones. Desde 2021 se estableció una periodicidad mensual para los reportes.
Es así como desde enero de 2021 hasta marzo de 2024, desde Cepaz hemos documentado 2098 casos de persecución y criminalización, 186 actos ocurrieron contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos, 730 contra personas vinculadas con la política, 472 contra la población, 701 contra trabajadores de la comunicación y 9 contra universidades.
Del total de 2098 casos de persecución documentados, 257 ocurrieron contra mujeres, 737 contra hombres y en 1104 casos no fue posible disgregar el género, ya que son actos que atentan contra hombres y mujeres, o porque no pudo o no quiso ser identificada la víctima.
En estos poco más de 3 años de monitoreo mensual y continuo pudimos identificar al menos 20 patrones de persecución y criminalización:
- 881 casos de amenazas y hostigamientos.
- 123 despidos injustificados.
- 205 detenciones arbitrarias.
- 49 inhabilitaciones políticas.
- 6 invalidaciones de partidos políticos.
- 66 emisiones de medidas cautelares.
- 3 muertes bajo custodia del estado.
- 168 procesos judiciales irregulares.
- 2 solicitudes de extradición.
- 31 traslados arbitrarios de presos políticos.
- 1 asesinato por negligencia del Estado.
- 127 órdenes de aprehensión,
- 2 suspensiones de elecciones universitarias.
- 1 cierre de un canal de televisión.
- 28 casos de allanamientos irregulares a viviendas y sedes de trabajo.
- 167 veces las/los periodistas fueron impedidas/os de registrar un hecho noticioso.
- 19 emisoras dejaron de funcionar debido a la emergencia humanitaria compleja.
- 42 cierres de programas de radio.
- 73 bloqueos de páginas web.
- 104 cierres de emisoras de radio.
Los perpetradores de estos 2098 casos de persecución fueron:
- Fuerzas de seguridad del Estado. Incluye policías regionales, municipales y nacionales, Guardia Nacional Bolivariana, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Dirección de Contrainteligencia Militar, Plan República, entre otros (571 casos).
- Funcionarios del Estado, incluye alcaldes, gobernadores, ministros y trabajadores públicos (566 casos).
- Asamblea Nacional del año 2020 (255 casos).
- Personas adeptas al gobierno (167 casos).
- Poder Judicial (133 casos).
- Comisión Nacional de Telecomunicaciones (130 casos).
- Ministerio Público (74 casos).
- Sujetos desconocidos (52 casos).
- Poder Ejecutivo (46 casos).
- Servidores de internet (40 casos).
- Contraloría General de la República (39 casos).
- Consejo Nacional Electoral (13 casos).
- Autocensura de las propias directivas de los medios de comunicación (12 casos).
La persecución aumenta en contextos electorales
En contextos electorales y preelectorales aumentan y se agravan los casos de persecución y criminalización. Al comparar las cifras de acciones persecutorias registradas en años electorales y no electorales podemos señalar que en 2021, cuando se llevaron a cabo elecciones regionales y municipales en Venezuela se documentaron más de 800 casos de persecución y criminalización, mientras que el año 2022, cuando no hubo contiendas electorales, el número de casos se redujo a 523. Por su parte, en el año 2023 en donde se desarrollaron las elecciones primarias de la oposición, el número de acciones persecutorias nuevamente aumentó hasta alcanzar 614 casos. En el año 2024 no solo hemos observado un aumento de los actos de persecución, sino también en el uso de mecanismos represivos más duros, como las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.
Control social como mecanismo de persecución y discriminación
El gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado la emergencia humanitaria compleja como un medio para consolidar el control sobre la población. La estrategia ha involucrado el intercambio de votos y apoyo político por bolsas de comida, bonos económicos y otros beneficios sociales. Esta práctica se desarrolla a través de la plataforma virtual vinculada con el partido oficialista denominada “Sistema Patria”. La inscripción en esta plataforma condiciona a los grupos más vulnerables a la dependencia estatal, perdiendo su capacidad de autonomía, ya que los subordina a la obtención de beneficios económicos, de alimentación y de salud, a través del respaldo al partido político oficialista.
Pero la coacción económica no es el único mecanismo de control social, pues el Gobierno ha implementado una política sistemática de criminalización de la protesta, caracterizada por la aplicación de castigos ejemplarizantes para disuadir la disidencia. Este patrón de represión incluye detenciones arbitrarias, amenazas, y violencia, creando un ambiente de intimidación diseñado para silenciar las demandas legítimas de la población y por tanto controlarlas.
Los actos persecutorios restringen el espacio cívico
El impacto de la política de persecución y criminalización sobre el espacio cívico venezolano ha sido devastador. Las libertades fundamentales de asociación, expresión y manifestación se han visto gravemente restringidas. Los actores de la sociedad civil, incluyendo periodistas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, enfrentan un entorno de constantes amenazas, hostigamientos y estigmatización. Este clima de intimidación no solo busca silenciar las voces críticas, sino que también desarticula los esfuerzos colectivos para promover y proteger los derechos humanos en el país.
La criminalización contra las organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos se extiende a las vulneraciones más graves a las libertades fundamentales, como las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas. Alertamos sobre la situación del defensor José Javier Tarazona Sánchez, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde el año 2021, y de Rocío San Miguel, víctima de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, irregularidades en procedimientos judiciales y amenazas graves contra familiares.
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Nota cortesía de Comunicaciones Cepaz
