El abogado y activista de los derechos humanos en el estado Anzoátegui, José Santoyo, afirmó este viernes que se acentúa la crisis en el sistema judicial, debido a las renuncias, destituciones y denigraciones de jueces, fiscales y secretarios en la entidad oriental.
“Es preocupante y grave no saber oficialmente en qué términos jueces, fiscales y secretarios han renunciado, han sido destituidos, han sido denigrados, y debieron juramentar a todos los secretarios de los tribunales para que asuman los cargos de jueces cuando se presente alguna ausencia de estos funcionarios”, detalló.
Santoyo exigió que, con carácter de urgencia, todos sus colegas y ciudadanos de Anzoátegui sean informados, a la brevedad posible, sobre quiénes serán designados como presidente del Circuito Judicial, Juez Rector y Fiscal Superior.
Más reclamos
De acuerdo con el penalista, a todo este panorama también se le suma una serie de irregularidades que ya se venían presentando, como, según señaló, lo son el retardo procesal, las carencias de materiales de trabajo y las deficiencias en las condiciones del ambiente laboral.
Cabe recordar que desde hace algún tiempo el jurista ya venía alertando sobre la grave situación del sistema judicial, donde “los jueces ni siquiera pueden imprimir las sentencias, porque en la mayoría de los tribunales no hay impresoras, tóner, hojas y fotocopiadoras”.
“En los casos atendidos, los abogados deben ingeniárselas para imprimir las decisiones. El Sistema Juris 2000 prácticamente lo eliminaron con malas intenciones, y tanto los ciudadanos como los abogados en ejercicio no pueden consultar el estatus de los casos en el sistema”, sostuvo.
Santoyo además precisó que los trabajadores del circuito judicial de Anzoátegui laboran en un entorno deplorable, sin aire acondicionado y con los baños colapsados, “por eso muchos lo denominan que es el palacio de la injusticia”. El lugar de prevención de calabozos tiene problemas con las aguas servidas, una situación que atenta contra la salud de los empleados y público en general.
Agregó que ha recibido centenares de quejas y denuncias de sus homólogos, porque los jueces supuestamente obligan a las partes a que sean asistidos por defensores públicos para “agilizar sus causas”. “Esto es muy delicado, porque de esta manera, los abogados privados y en ejercicio quedan desplazados, con lo cual se vulnera su derecho al trabajo y al libre desenvolvimiento profesional”, enfatizó.
