Laboratorio de Paz alerta sobre falta de observadores en elecciones venezolanas 

El Laboratorio de Paz analizó la preocupante ausencia de misiones internacionales de observación para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, especialmente la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), lo que podría tener un impacto significativo en la percepción de legitimidad del proceso. 

La invitación inicial a la MOE-UE fue vista como un paso positivo hacia una observación imparcial y rigurosa del proceso electoral venezolano. Sin embargo, la revocación de esta invitación tras las declaraciones de la Unión Europea sobre las «condiciones democráticas mínimas» ha generado incertidumbre y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. 

La MOE-UE habría garantizado criterios independientes y expertos para evaluar el proceso electoral, incluyendo aspectos críticos como el respeto a los derechos humanos, libertades democráticas y la inclusión de comunidades vulnerables. La ausencia de esta misión plantea desafíos significativos en la certificación de la legitimidad del proceso. 

Violación al acuerdo de Barbados

Esta ausencia viola los términos del Acuerdo de Barbados, que establecía claramente la invitación a varias misiones internacionales para observar y certificar la integridad del proceso electoral en Venezuela. Esta irregularidad, junto con las numerosas restricciones y violaciones de derechos previas, plantea serias preocupaciones sobre la validez y justicia del proceso electoral. 

67 organismos electorales de todo el mundo serían invitados al proceso, según declaraciones del CNE el pasado 5 de abril. Estos suscribieron “acuerdos de observación” con entes como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio de Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir), quienes están capacitados para realizar labores de “acompañamiento” y no de “observación”, y han reconocido su afinidad ideológica con las autoridades.  

Por otra parte, tanto Brasil como Colombia han declinado la invitación para la realización de estas labores y posiblemente se limite a un comité de expertos. El Laboratorio destaca lo crucial de contar con figuras capaces de hacer públicas las observaciones y recomendaciones resultantes de esta observación, para garantizar un clima que fomente la competitividad, la participación y la paz en el país previo, durante y posterior al proceso electoral. 

“Además de las inhabilitaciones políticas y los vicios en las jornadas de registro electoral, tanto dentro como fuera del país, se suma que en lo que va de 2014 por lo menos 32 personas han sido objeto de detenciones arbitrarias por razones políticas y 10 han sido privadas de libertad por ejercer su libertad de expresión, 47 medios de comunicación han sido bloqueados por los proveedores de servicios de internet, 13 estaciones de radio han sido cerradas por Conatel y han ocurrido 11 casos de sanciones administrativas por suministrar bienes y servicios a la campaña del candidato Edmundo González”, mencionaron. 

Sobre este tipo de restricciones la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de Libertad de Asociación y Reunión determinó que un proceso electoral en que se erigen barreras de forma generalizada y sistemática que obstaculizan el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación no puede decirse que sea libre ni justo y, por lo tanto, no puede considerarse que el resultado de ese proceso producto de la celebración de elecciones “genuinas”, como lo exige el derecho internacional. 

Cabe recordar que el 23 de mayo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha adoptado la resolución No. 01/2024, que reconoce el papel crucial de los observadores electorales como defensores de derechos humanos, instando a los Estados a garantizar condiciones propicias para la observación independiente y a abstenerse de realizar acciones que interfieran en su labor. 

“Específicamente, los Estados debían garantizar la seguridad, el libre tránsito y la libertad de expresión de las personas observadoras y, por consiguiente, vigilar que no se tomen en su contra ningún tipo de represalias por sus declaraciones y hallazgos”, resaltan. 

Es por ello que solicitaron a la comunidad internacional, especialmente a países como Brasil y Colombia, que realicen todas las gestiones necesarias para aumentar la confiabilidad el 28 de julio, y puedan verificar, bajo estándares rigurosos, la evolución del proceso. 

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