5 DDHH violentados en el caso de la detención de Rocío San Miguel

El pasado 09 de febrero, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía la Abogada y Defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, quien fue señalada por la fiscalía general de la República de presuntamente estar implicada en una supuesta “conspiración” en contra del presidente de la República a través de la trama del “Brazalete Blanco”.

Diversas fueron las reacciones sobre este hecho, que marcó otro hito en la política de violaciones de DDHH en Venezuela, y que recibió el repudio de organizaciones internacionales y la sociedad civil en general.

Este incidente se suma a una serie de desafíos que Rocío San Miguel ha enfrentado a lo largo de los años. Desde entonces, San Miguel ha estado detenida durante más de 100 días, sin acceso adecuado a su abogado ni a un juicio justo.

Su situación ha generado una gran preocupación a nivel nacional e internacional, despertando alarmas sobre el deterioro de los derechos humanos en el país.

Organismos internacionales, como la ONU y la OEA, han pedido su liberación inmediata y el cese de las persecuciones a defensores de derechos humanos. Es por ello por lo que el equipo de la ONG Defiende Venezuela identificó 5 DDHH violentados en el caso de la detención de Rocío San Miguel:

Derecho a la Libertad y Seguridad Personal

El primero de los derechos humanos violentados en el caso de Rocío San Miguel es el derecho a la libertad y la seguridad personal. Este derecho, consagrado en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), establece que «nadie será arbitrariamente detenido, preso ni desterrado». La detención de San Miguel fue realizada sin una orden judicial adecuada y sin seguir los procedimientos legales establecidos.

Fue arrestada en su domicilio sin que se le proporcionaran motivos claros y legítimos para su detención, lo que constituye una violación flagrante de este derecho fundamental.

Las autoridades han mantenido silencio respecto a las acusaciones específicas en su contra, evidenciando un abuso de poder y una clara intención de intimidar.

Derecho a un Juicio Justo

El segundo derecho violado es el derecho a un juicio justo, consagrado en el artículo 10 de la DUDH. Rocío San Miguel ha sido mantenida en detención preventiva sin acceso a un tribunal independiente e imparcial que garantice un juicio justo y público.

Desde su detención, no se le ha permitido el acceso adecuado a su abogado defensor, y no se han establecido fechas concretas para una audiencia.

Este proceso carente de transparencia y garantías procesales básicas, infringe su derecho a la defensa y a presentar pruebas en su favor, dejando en evidencia un sistema judicial parcializado y politizado.

Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión

El tercer derecho afectado es el derecho a la libertad de opinión y expresión, protegido por el artículo 19 de la DUDH. San Miguel ha sido una crítica vocal del gobierno venezolano y de sus prácticas militares, y su detención parece ser un intento de silenciar su voz y limitar su capacidad para expresar libremente sus opiniones y denunciar abusos.

En los días previos a su detención, San Miguel había publicado varios informes y declaraciones criticando la corrupción en las fuerzas armadas y la falta de transparencia en el gobierno, lo que sugiere una represalia directa por su activismo y trabajo de denuncia.

Derecho a no ser Sometido a Torturas ni Tratos Crueles

El cuarto derecho violado es el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establecido en el artículo 5 de la DUDH. Informes de organizaciones de derechos humanos indican que San Miguel ha sido mantenida en condiciones deplorables, sin acceso adecuado a asistencia médica y en aislamiento prolongado.

Aunque no se ha confirmado el uso de tortura física, las condiciones de su detención y el estrés psicológico asociado pueden constituir formas de trato cruel e inhumano. Este tipo de trato es inaceptable y está prohibido por el derecho internacional.

Derecho a la Protección Judicial

El quinto derecho violentado es el derecho a la protección judicial efectiva, consagrado en el artículo 8 de la DUDH. Este derecho garantiza a toda persona la posibilidad de recurrir ante los tribunales nacionales competentes para obtener protección contra actos que violen sus derechos fundamentales.

En el caso de Rocío San Miguel, la falta de un proceso judicial adecuado y la posible manipulación del sistema judicial para fines políticos impiden que obtenga una protección judicial efectiva.

La situación se agrava por la denuncia de sus abogados sobre la falta de respuesta a las apelaciones y recursos presentados, lo que refleja la corrupción y politización del sistema judicial venezolano.

Hasta mayo de 2024, Rocío San Miguel sigue detenida y organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han intensificado sus campañas para exigir su liberación.

Por su parte, el Parlamento Europeo ha emitido una resolución condenando su detención y pidiendo sanciones contra funcionarios venezolanos responsables de violaciones de derechos humanos. A nivel nacional, se ha observado un aumento en la represión contra otros activistas y periodistas, lo que agrava la crisis de derechos humanos en el país.

La comunidad internacional continúa vigilando el caso de cerca, y se esperan más acciones diplomáticas y sanciones si el gobierno venezolano no toma medidas para liberar a San Miguel y respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.

La sociedad civil venezolana debe seguir exigiendo respeto a los derechos humanos y la liberación arbitraria de los detenidos, asegurando justicia y dignidad para los venezolanos.

Nota cortesía de DefiendeVenezuela

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