La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Gladys Gutiérrez, ha estado en el centro de la controversia debido a su doble cargo como embajadora de Venezuela ante España. El pasado 16 de mayo, Gutiérrez presentó sus credenciales al rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid, marcando un hito en su carrera política y diplomática.
Sin embargo, su ejercicio como diplomática sin renunciar a su magistratura ha generado debate sobre la separación de poderes públicos en el país. Especialistas consultados señalan que esta práctica es de “dudosa constitucionalidad” y envía una “mala señal” en cuanto a la independencia de las instituciones. Según el artículo 148 de la Constitución de Venezuela, nadie puede desempeñar más de “un destino público remunerado” a la vez, a menos que esté relacionado con cargos académicos. En este caso, Gutiérrez no ha renunciado a su cargo en el TSJ mientras ejerce como embajadora.
Gladys Gutiérrez, quien previamente fue representante diplomática del gobierno de Hugo Chávez Frías en España entre 2002 y 2005, ha ocupado otros cargos cercanos al poder político venezolano. Fue procuradora de la nación y cónsul general en Madrid. Su designación como embajadora cuenta con el visto bueno del presidente Nicolás Maduro y la fracción chavista de la Asamblea Nacional.
La ONG Transparencia Venezuela, señala que esta es la tercera vez que el TSJ le permite a Gutiérrez ejercer “otro cargo remunerado” sin perder su condición de magistrada. La Sala Plena del TSJ le concedió un nuevo permiso para desempeñar sus funciones diplomáticas, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la legalidad de esta práctica.
