Diosdado Cabello anunció este lunes, mediante rueda de prensa, que este martes 21 de mayo, será revisada y aprobada por la Asamblea Nacional la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
Si bien este proyecto tiene un tiempo siendo controversia debido a que diversos expertos aseguran que esta ley tiene como objetivo supervisar y controlar los fondos que reciben las ONG que operan en el país, el gobierno Venezolano se mantuvo muy receloso de su avance hasta el anuncio por parte del vicepresidente del PSUV.
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), explicó nuevamente que la norma requerirá que todas las ONG se registren y detallen el origen de sus fondos. “Todos van a tener que explicar de dónde vienen los fondos y cómo los gastan”, afirmó Cabello en la conferencia de prensa.
La ley ha generado controversia, ya que algunas organizaciones locales, como Provea y Control Ciudadano, consideran que limitará su operación y “silenciará” su labor. Por otro lado, el Gobierno de Nicolás Maduro argumenta que “busca actuar contra instancias que, según ellos, están al servicio de otros países”, especialmente Estados Unidos.
“Los que van a chillar ya sabemos quiénes son, si usted no la debe no la teme. Tienen años recibiendo dinero diciendo que van a tumbar a Maduro y no lo tumban. Vamos a ayudar a los gringos para que usen bien esa plata y no los estafen en Venezuela”, agregó Cabello.
La ley se enviará al presidente Maduro para su firma y entrará en vigor una vez que se publique en la Gaceta Oficial. Con esta medida, el gobierno de Nicolás Maduro busca “garantizar la transparencia en el financiamiento de las ONG y su actuación en el país”.
Opinión de los defensores de DDHH
Los defensores de derechos humanos desde hace un tiempo han expresado profunda preocupación sobre la nueva ley de fiscalización y regulación de ONG’s en Venezuela. La relatoría de asociación pacífica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advierte que, de aprobarse, esta ley podría afectar el ejercicio de los derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de asociación. Además, Amnistía Internacional ha denunciado que el proyecto contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos, representando una grave amenaza para el trabajo de las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones defensoras de derechos humanos también explican que las ONG podrían enfrentar medidas abusivas o procesos penales, poniendo en riesgo a sus integrantes y beneficiarios. En resumen, la ley estrecharía aún más el espacio cívico y limitaría la labor vital de las ONG en Venezuela
¿Qué busca esta nueva ley?
Resulta importante recordar que esta ley le da un control casi absoluto al gobierno sobre las actividades de las ONG. Las mismas deberán declarar desde sus miembros hasta pasar por la fiscalización de recursos e informar quienes reciben beneficios.
Las ONG que no cumplan con las normas o tomadas como “fuera de orden” enfrentarán multas, cierre y hasta cargos penales.
Tendría el efecto de obstaculizar la libertad de asociación y el accionar libre e independiente de las ONG de la sociedad civil, al obligarlas a buscar autorización del gobierno para su funcionamiento.
