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CIDH realiza seguimiento y ampliación de sus medidas cautelares para integrantes de PROVEA

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Este martes 30 de abril del 2024, la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dió a conocer los resultados sobre la solicitud de ampliación de medidas cautelares presentada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) entre el 2020 y 2024. Instando a la CIDH que requiera a la República Bolivariana de Venezuela que proteja los derechos de todos los integrantes del equipo de la organización PROVEA.

De acuerdo a la solicitud, los integrantes de PROVEA se encuentran en una situación de riesgo en el marco de sus labores como defensores de derechos humanos en el contexto actual por el que atraviesa Venezuela, considerando la visibilidad de la institución y sus coordinadores, los frecuentes señalamientos estigmatizantes realizados por altas autoridades estatales en medios de comunicación, la vigilancia y seguimientos por parte de agentes estatales.

Ante tales declaraciones, y siguiendo los términos del artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó información al Estado el 16 de julio de 2020, y 2 de agosto de 2021, el 30 de julio de 2022 y el 20 de marzo de 2024. No obstante, ante la falta de respuesta por parte del Estado Venezolano, y estando vencidos los plazos, la CIDH remitió comunicaciones anualmente, siendo la última comunicación del 12 de abril de 2024.

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Clima de hostilidad e intolerancia por parte de los distintos sectores

Además de notar con preocupación que la existencia y difusión de expresiones estigmatizantes y peyorativas por parte de autoridades estatales en contra de personas defensoras de derechos humanos “contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que puede acarrear una afectación a la vida e integridad personal de las personas defensoras, aumentando su vulnerabilidad”

La comisión, por otro lado, resalta que las situaciones de hostigamiento contra los defensores de los Derechos Humanos han sido relacionados con entes gubernamentales, “Dicha situación impacta en la seguridad de los integrantes de la organización PROVEA, y se suma a la ausencia de medidas de protección de parte del Estado, quienes el llamado a tener el rol de garantía y defensa de sus derechos humanos”.

Por lo que la Comisión solicita al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas identificadas, en tanto miembros del equipo PROVEA; adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades como personas defensoras de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos.

A su vez, solicitó a Venezuela informar en un plazo de 20 días sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información de forma periódica.

Problemática en escalada

Siguiendo la Información presentada por la representación, la situación de los integrantes de PROVEA se viene agravando a lo largo del tiempo, extendiendo la situación de riesgo a todos los miembros de la misma, es por esto que se presentó la ampliación de las medidas cautelares a favor de 16 personas que integran la organización PROVEA. Además de manifestar su preocupación porque las autoridades estatales continúen realizando señalamientos públicos en contra de la organización y sus miembros, calificándoles de proteger a terroristas, “vende patria”, de recibir financiamiento de la CIA, o divisas extranjeras con el objetivo de desestabilizar el país, entre otros.

Al mismo tiempo, expresó que, en conjunto con los señalamientos indicados, terceros realizarían amenazas e incitación a la violencia en contra de los miembros de PROVEA o ataques a su sede. La representación agregó que tales eventos tienen lugar en un contexto de cierre de los espacios de la sociedad civil y criminalización de la defensa de los derechos humanos. Además, de forma más reciente, la representación reportó eventos de riesgo como persecución y vigilancia realizados presuntamente por agentes estatales en contra de los miembros de PROVEA.

¿Qué es una medida cautelar?

Según la información suministrada por la CIDH, as medidas cautelares tienen como propósito preservar una situación jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH. El carácter cautelar tiene por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el Sistema Interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil (effet utile) de la decisión final. En tal sentido, las medidas cautelares o provisionales permiten así que el Estado en cuestión pueda cumplir la decisión final y, de ser necesario, garantizar las reparaciones ordenadas.

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