En su informe presentado el pasado jueves 25 de abril, la CIDH destacó que durante el año 2023, el Poder Legislativo solo cerró cada vez más el Espacio Cívico en el país mediante diferentes normativas implementadas por la AN y continuó con las diferentes violaciones a los Derechos Humanos.
Destacó que la Asamblea Nacional continuó «discutiendo iniciativas legislativas dirigidas a controlar y limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y restringir libertades fundamentales como la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público.» Durante dicha presentación de proyecto de ley para limitar el accionar de las ONGs en el país, tildó a 62 organizaciones de «enemigas», «traidoras de la patria» y «fachadas de partidos».
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «continuó adoptando decisiones arbitrarias que restringen el espacio cívico, desalientan la participación en asuntos de interés público.» además de emitir la sentencia No. 1.160, en la que arbitrariamente designó una Junta Directiva Ad Hoc para el Partido Comunista de Venezuela, una organización política disidente de la coalición de gobierno.
LA CIDH saludó los acuerdos establecidos en octubre, en Barbados. Luego de dicho acuerdo se dio lugar, la liberación de 5 personas detenidas de manera arbitraria, entre los que destacan Juan Requesens y Roland Carreño. No obstante, luego en el 2024, el gobierno abrió un proceso de investigación contra las personas organizadoras de las primarias del 22 de octubre.
«En el contexto venezolano, los derechos políticos son fundamentales para los diálogos y para superar la crisis. Por lo tanto, es esencial implementar los acuerdos de buena fe, evitar la criminalización de este tipo de iniciativas ciudadanas y garantizar la participación política de todos los sectores en las próximas elecciones presidenciales.»
Informe anual 2023 – CIDH
Persecución contra defensores de DDHH
Señala que la persecución y represión sufrió un cambio de estrategia, dejó de ser generalizada para enfocarse en personas con liderazgo dentro de los movimientos de trabajadores, «con el fin de desincentivar las movilizaciones sociales». En términos generales, sostuvo que el Poder Ejecutivo intenta construir una narrativa del enemigo interno al vincular las acciones de personas defensoras de derechos con actividades delictivas, especialmente asociándolas con el terrorismo, la desestabilización y la amenaza a la paz del país.
«Es importante recordar que las personas defensoras, así como las organizaciones de la sociedad civil, son pilares fundamentales en toda sociedad democrática».
Informe anual CIDH – 2023
Corrupción y opacidad
La CIDH ve con absoluta preocupación que el país no cuenta con información pública accesible referente a índices de desarrollo humano, pobreza, escolaridad, mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición, contratación estatal, servicio civil, impunidad, denuncias por delitos, hacienda pública, entre otros.
Destacó que, la instrumentalización política de la justicia y la falta de independencia de las instituciones frente al partido de gobierno tienen un doble efecto. Por un lado, facilitan la corrupción y crean un clima de tolerancia frente a la misma. Por otro lado, ponen en entredicho los esfuerzos por combatir este fenómeno, especialmente cuando se buscan u obtienen réditos políticos por la detención de personas bajo figuras delictivas no flagrantes.
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La Comisión destaca que debido a la opacidad de información y la cohesión mostrada por los diferentes entes del gobierno, en el caso de presunto acto corrupción de PDVSA, denominado caso PDVSA-Cripto, fueron detenidas más de 40 personas funcionarias públicas, «Sin embargo, debido a la utilización del sistema penal por parte del poder Ejecutivo para perseguir a personas trabajadoras que se oponen al gobierno, y considerando la opacidad de la información, no es posible identificar si estos cargos corresponden a conductas delictivas o a una persecución política.»
Continúan las violaciones a los Derechos Humanos
El Estado venezolano continúa sus violaciones sistemáticas a los DDHH, entre los que destacan la libertad de expresión, para facilitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones, además de persistir un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo. Ejecuciones extrajudiciales y privaciones arbitrarias de la vida, Entre 2020 y 2023, la Misión Internacional Independiente investigó 9 casos de muerte, de los cuales 5 podrían atribuirse a las autoridades estatales. Presos políticos y detenciones arbitrarias, entiéndase por presos políticos, los detenidos mediante el uso indebido del derecho penal, por discrepancias político-ideológicas a los gobiernos de turno. Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas detenidas por motivos políticos.
En conclusión, la Comisión Interamericana ha enfatizado que, «en 2023, Venezuela continuó enfrentando desafíos significativos en el respeto y garantía de los derechos humanos así como el cierre gradual de su espacio cívico. El principal obstáculo en la resolución de la grave crisis en el país se encuentra en la falta de una institucionalidad democrática guiada por la separación y el equilibrio de los poderes públicos.»
