FundaRedes: “44 personas han sido asesinadas en el contexto de la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas”

Entre los años 2019 y 2023 FundaRedes ha registrado a través de su trabajo de monitoreo y documentación un total de 44 personas asesinadas, 20 de las cuales pertenecían a comunidades indígenas, en el contexto de la minería ilegal que se desarrolla en los estados Amazonas y Bolívar.

En su más reciente informe, titulado: «Grupos armados y Estado venezolano vulneran el derecho a la vida de los pueblos indígenas», la organización afirma que estas muertes ocurrieron a manos de grupos armados irregulares (GAI) tanto de origen colombiano como venezolano; así como por miembros de las Fuerzas Armadas.

“De esas 44 muertes violentas, 20 víctimas pertenecían a pueblos indígenas de Amazonas (11 casos) y Bolívar (9)”, indica la ONG.

En este sentido, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, citado en la investigación, manifestó en el 2022, su preocupación el incremento de asesinatos de indígenas en Amazonas, “la mayoría de estos crímenes están vinculados los grupos armados extranjeros que controlan la explotación aurífera en esos territorios”.

La publicación destaca que la pugna por el control territorial en las minas de oro, coltán y otros minerales suscita constantes enfrentamientos entre bandas criminales, en algunos casos con participación de las FANB y cuerpos policiales, afectando no solo la cotidianidad de las comunidades indígenas sino representando la muerte para quienes se atreven a denunciar estos hechos, como es el caso del líder indígena uwottuja Virgilio Trujillo.

Asimismo, FundaRedes refiere que además del permanente riesgo en que se encuentra la vida de los habitantes de los pueblos indígenas, debido a las diversas actividades delictivas asociadas a la extracción minera descontrolada e ilegal en los estados Bolívar y Amazonas, sus derechos a la seguridad personal, a la salud, al uso, goce y aprovechamiento de su hábitat y tierras, a la no discriminación, a una vida con calidad, entre otros, no son garantizados por el Estado venezolano.

El Estado venezolano – asevera la investigación- ha incumplido su obligación constitucional e internacional de garantizar los derechos de los pueblos indígenas asentados en territorios ancestrales.

“Lejos de actuar de manera acertada para erradicar la minería ilegal y otros delitos que se cometen en estas tierras, sin causar daños colaterales ni a humanos ni al ambiente, el Estado ordena operativos que impactan negativamente, dejan secuelas irreversibles y enfoca su atención en quienes demuestran interés por ayudar, tal es el caso del informe que recientemente presentaron diputados de la Asamblea Nacional sobre la presencia de ONG en el estado Amazonas, infiriendo sospechas sobre su labor”, recalcó la organización.

Aunque el artículo 119 de la Constitución Bolivariana de Venezuela – enfatiza la ONG- establece que corresponde al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles, el mismo es vulnerado por el propio Estado al igual que todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional relacionado con la protección y defensa de los derechos de los pueblos originarios. (Prensa FundaRedes)

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