En una rueda de prensa, la organización Sin Mordaza anunció los resultados del informe «Venezuela en cifras 2022», en el que año tras año recaudan información sobre las violaciones e impacto de los derechos humanos en el país en torno a 7 áreas temáticas.
Los datos fueron obtenidos en colaboración con 14 organizaciones, a través de la recopilación de artículos, informes, notas de prensa y entrevista a expertos.
En cuanto a la libertad de expresión e información, fueron documentadas 12 detenciones y asesinatos relacionados con los medios de comunicación. Además, se reportaron 89 casos de amenazas, hostigamientos y agresiones dirigidas hacia canales de televisión, medios impresos y estaciones de radio y 11 casos de bloqueos de páginas web y redes sociales.
El informe también revela datos preocupantes sobre el deterioro ambiental en Venezuela debido al abandono, la actividad extractivista y la falta de atención por parte del Estado. En ese periodo fueron destruidas 5.134.000 hectáreas de áreas protegidas, junto a 86 derrames petroleros y 1781 puntos de minería ilegal identificados cerca de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní.
La organización comenta que el derecho a un medio ambiente sano es esencial para el bienestar de las generaciones presentes y futuras, y debemos trabajar juntos para preservarlo y protegerlo.
En cuanto al sistema educativo, el informe resalta las deficiencias en el sistema educativo venezolano, donde solo 10 de 71 universidades públicas gozan de plena autonomía y un 38% de las escuelas carecen de recursos educativos. Estas limitaciones afectan el acceso a una educación de calidad y la libertad académica.
Sobre la importancia de la libre asociación y el derecho a la protesta pacífica, para el 2022 se reprimieron 114 manifestaciones, lo que ha resultado en 35 personas detenidas y 21 personas heridas.
En materia de seguridad, se registraron altas tasas de muertes violentas, especialmente las presuntamente causadas por autoridades que constituyen violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal. Se registraron 9,367 muertes violentas en total, lo que resulta en una tasa de 35.3 por cada 100,000 habitantes. Si se incluyen los casos de desapariciones, la tasa aumenta a 40.4 por cada 100,000 habitantes.
Sin Mordaza denuncia que el Estado ha fallado en investigar y prevenir la mayoría de estas muertes, violando su obligación de proteger el derecho a la vida de manera efectiva. Además, las altas tasas de muerte, particularmente las presuntamente por funcionarios, contradicen el derecho a la integridad física consagrado en normativa internacional.
En el caso de nacionalidad y extranjería, la insuficiencia de la representación diplomática y consular venezolana en el exterior ha violado múltiples derechos de los migrantes y refugiados venezolanos, incluyendo el derecho a la participación política, la protección consular, la nacionalidad, la identificación, el acceso a la justicia y el principio de no discriminación.
Esta red consular limitada ha obstaculizado la asistencia, la renovación de documentos de identidad y la posibilidad de regularizar la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos en el exterior, lo que ha dejado a muchos en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
La situación económica constituyó una violación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, con impactos devastadores en el acceso a bienes y servicios básicos, el empleo y la protección contra la discriminación.
Los datos mostraron una inflación anual del 305,7%, una canasta básica que requería ingresos 53 veces mayores al salario mínimo, altos niveles de pobreza y una contracción económica real, a pesar de un aparente crecimiento del PIB.
Estas medidas violan tratados internacionales que garantizan el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la alimentación y el derecho a un trabajo justo, entre otros.
Por otro lado, los datos disponibles sobre la percepción negativa del acceso al agua potable, los cortes de luz y los problemas en el suministro de gas muestran una situación crónica y generalizada en el país.
Finalmente, en cuanto al sistema de Salud, la falta crónica de recursos médicos y personal en el sistema de salud de Venezuela durante el año 2022 ha resultado en la violación del derecho humano a la salud y la vida de la población. Los datos disponibles sobre muertes por fallos de equipo médico y electricidad, muertes por infarto y trauma debido a la falta de atención adecuada, y la caída de ingresos del personal médico, revelan la incapacidad del Estado para garantizar la atención médica adecuada y la protección de la salud y la vida de la población.
El resto de las cifras oficiales están publicadas en la página web de la organización.
Foto: Transparencia VE
