Defiende Venezuela: El Estado Venezolano Debe Garantizar La Atención Oportuna De Los Casos De Violencia Contra La Mujer

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Texto: José Ali Linares

En el marco del 85 período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que se lleva a cabo del 18 al 26 de mayo en Ginebra, Suiza, la ONG Defiende Venezuela preparó un nutrido reporte en el que se destaca información relevante sobre acceso a la justicia, violencia de género y la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos.

El texto, que contiene 11 páginas, revela una serie de sugerencias -bien sustentadas- sobre las acciones que debería ejecutar el Estado para atender, oportunamente, los casos de violencia de género en el país y así evitar que estas cifras sigan aumentando.

Esto, sin dejar a un lado las estrategia de prevención y el respectivo reforzamiento de los canales de atención que las afectadas, o posibles víctimas, puedan tener a su alcance.

Otro ítem que resulta muy relevante, es la no incorporación en el listado de “formas de violencia” de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de acciones como “la violencia callejera” o “la violencia psicológica en audiencias públicas”.

Acceso a la justicia

Tal como lo revela este informe, el Estado venezolano asegura que actualmente existe una cobertura del 75% de circuitos judiciales especializados en materia de violencia contra la mujer en todo el territorio venezolano y que sólo disponen de 120 oficinas fiscales y fiscalías especializadas en casos de violencia de género contra mujeres, adolescentes y niñas a nivel nacional, lo que resulta insuficiente para cubrir los cientos de casos de esta índole que surgen diariamente en el país.

A esto se le suma que la nación posee una variada población rural y fronteriza que no cuenta con este tipo de servicios de atención preventiva y legal para que las víctimas puedan dar a conocer sus casos. Esto hace que, por acción u omisión, los casos de violencia de género directa e indirectamente vayan en aumento.

En el caso de las zonas fronterizas, la falta de espacios seguros para las víctimas genera además una “normalización” de conductas machistas y violentas dejando “cancha libre” para acciones de esclavitud moderna, explotación sexual, y acoso.

Sobre la población indígena, sus mujeres son constantemente discriminadas, violentadas y utilizadas como “objetos de compra” para generar ganancias a través de su sexualidad. Asimismo, ante la inacción y exclusión por parte del Estado, se violan permanentemente sus DDHH sin posibilidad de que puedan visibilizarlo.

Un buen ejemplo sobre esto, es que Defiende Venezuela ha documentado y denunciado los excesos policiales en operativos de seguridad en Altagracia de Orituco, estado Guárico, una zona rural del país. Algunos ataques se cometieron contras mujeres que viven en sectores desfavorecidos, siendo incriminadas en razón de su condición económica y social, llegando a ser agredidas sexualmente.

Falta de voluntad política

Este estudio también afirma que, desde el año 2019, el Estado venezolano señaló haber “instalado” en todos los estados del país un Órgano Superior Popular de Justicia de Género, el cual abarca distintas instituciones de protección de los derechos humanos de la mujer y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, este ente no ha tenido contacto con la sociedad civil, ni con las ONG. Lo que genera una pérdida de espacios y una evidente falta de voluntad política que es necesaria para unir esfuerzos y evitar que ni una mujer más sea víctima de violencia de género.

Otra de las contradicciones a las afirmaciones del Estado, es la “formación” de los funcionarios públicos en materia de violencia contra la mujer para evitar la revictimización o discriminación, debido a que un existe una brecha exponencial con respecto al trato que reciben las afectadas cuando acuden a estas instancias “seguras”.

A esto se le adiciona que, cuando las mujeres asisten a estos lugares se encuentran una actitud hostil ante la falta de “sistema” o el popular “ruleteo” para evadir la responsabilidad de atención y acompañamiento. ¿Quién vela por el cumplimiento de esta labor?

Defensoras en la mira

El texto enviado por Defiende Venezuela y publicado en la web de la CEDAW, también muestra que el Estado venezolano no considera a las defensoras de derechos humanos como un grupo en situación de vulnerabilidad, ya que omite toda referencia a éstas.

Por otra parte, el Gobierno califica a las defensoras de DDHH como “políticas”, ignorando la realidad que las diferencia. Esta afirmación se responde con la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines.

Desde la documentación de casos de violaciones a los derechos humanos, Defiende Venezuela ha podido observar cómo víctimas que han asumido el rol de defensoras de derechos humanos de sus familiares fallecidos a causa de ejecuciones extrajudiciales, como las integrantes de la organización Madres Poderosas, han sufrido de obstáculos especiales en la búsqueda de justicia debido a estereotipos de género, criminalización de su labor y hasta persecución.

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