Trabajadores de los sectores educación y salud marcharon desde el rectorado de la Universidad de Los Andes (ULA) hasta la plaza Glorias Patria, en exigencia al gobierno nacional de un aumento salarial inmediato. Indican que seguirán en la calle hasta obtener justicia.
Asimismo, exhortan a los demás trabajadores de las instituciones públicas a unirse a las jornadas de protestas.
La Dra. Patricia Rosenweig, vicerrectora académica de la ULA, denunció que la casa de estudios realizó un censo sobre el estado de salud de los universitarios, teniendo resultados que evidencian el «deplorable» estado de salud física y mental que tienen los docentes y trabajadores. «La situación es triste y deplorable, nos encontramos en un momento en el que no podemos hacer nada, sino tocar las puertas para pedir ayuda», dijo la vicerrectora.
Agresión a los jubilados
El rector Mario Bonucci rechazó el atropello del gobierno nacional y el Ministerio de Educación Universitaria a los jubilados, pagándole un bono de menor cantidad monetaria en relación con los activos. Exige justicia para todos los trabajadores Universitarios en general, y un sueldo justo con todos los beneficios.
«Nosotros tenemos entre el 30 y 40% de los jubilados manteniendo abierta la universidad. Entonces no es posible que nosotros toleremos nuevamente este atropello contra ellos. Y eso nos demuestra un total desconocimiento por parte del Ministerio de lo que significa la figura del jubilado dentro de la institución», comentó.
Nuevo llamado de los trabajadores a protestar
En este sentido, el Dr. Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la ULA, expresó que, ante el caso omiso del gobierno nacional ante la exigencia de un salario digno, los trabajadores siguen protestando pacíficamente en las calles de Mérida.
«Uno no sabe exactamente qué pensar ante un gobierno indolente que ha tenido durante meses a los trabajadores prácticamente sin salario y protestando en la calle, y ha hecho caso omiso. Es que ni siquiera una respuesta tenemos por parte de los funcionarios del Estado», dijo Castillo.
