El proyecto Monitor DESCA informó en su cierre de periodo 2022-2023 que fueron documentados un total de 146 casos de violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en cinco estados del país.
El registro de casos se hizo en los estados Carabobo, Anzoátegui, Miranda, Zulia y Mérida, y entre los resultados arrojados resalta que el principal derecho vulnerado es el derecho al agua potable y el saneamiento, representando el 26%, seguido del derecho a servicios públicos de calidad que representa el 19% y el derecho a la educación con el 9%.
En el caso específico del estado Carabobo, se documentaron 31 casos de violaciones a los DESCA, donde los derechos más afectados fueron el derecho al agua potable y saneamiento con el 36% del total, el acceso a servicios públicos de calidad con 23% y el derecho al trabajo con 16%.
En el evento también se dio a conocer la ejecución de 70 actividades presenciales con el objetivo de promover el conocimiento y la defensa de los DESCA, que impactaron directamente a 1626 personas, junto a 17 actividades remotas que impactaron a 16020 personas.
Mencionaron la realización de charlas y conversatorios con ciudadanos y actores claves de distintos sectores de Carabobo, además de destacar diversas mesas de trabajo dirigidas a comunidades vulnerables de Valencia, «en la que los vecinos presentaron sus principales problemáticas y propuestas en materia de los DESCA, para luego presentar un proyecto de ley de promoción de los DDHH en el estado», declararon.
Evento de Monitor DESCA
Asimismo, en el encuentro se reconoció la labor del grupo de líderes emergentes que hacen vida en el estado y que son fundamentales para documentar y articular actividades de incidencia, así como a los actores claves de las comunidades que han participado en el proyecto, y también a mujeres defensoras de los DESCA en el estado.
Posteriormente, Carmen Herrera, directora de programas y proyectos de EmpoderaME disertó sobre la situación del derecho a la educación, al agua potable y el saneamiento en Venezuela, y su impacto diferenciador en la mujer.
Señaló las variaciones en los niveles de pobreza en los últimos años y explicó como a pesar de un aumento reciente en los niveles de ingreso de algunos sectores de la población, «los otros factores que componen la pobreza multidimensional vienen creciendo, como el acceso a servicios públicos de calidad, lo que trae como consecuencia la consolidación de una pobreza de carácter estructural».
En el conversatorio también participó de manera virtual la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, Betilde Muñoz-Pogossian, cuyo departamento le hace seguimiento a los compromisos de los Estados en materia de DESCA, «especialmente desde la óptica del protocolo de San Salvador, como un esfuerzo complementario al del Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
Recordó la obligación de los Estados de generar y entregar información sobre la situación de los DESCA en sus países, en virtud del art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, e instó a realizar los esfuerzos necesarios para hacer de los DESCA una realidad en Venezuela y la región.
