Misión de Determinación de los Hechos denuncia intensificación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela

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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela denunció que han recrudecido las violaciones a los derechos humanos en el país. Indican que los ataques contra los medios de comunicación han aumentado. 

También aseguran que por órdenes del gobierno nacional se ha intensificado la persecución contra líderes sindicales y activistas. Entre julio y agosto del 2022 fueron arrestados 6 activistas sindicales, los cuales son: Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez, quienes enfrentan cargos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.

En este sentido, se estima que 282 personas, civiles y militares, permanecen detenidas por causas políticas. Y, solo en el mes de septiembre, cerraron 50 estaciones de radio, 19 en el estado Táchira y 31 en Zulia.

Habla la Misión 

La abogada Marta Valiñas, miembro de la Misión, relató ante los representantes de la comunidad internacional, que sigue aumentando el número de detenidos por causas políticas en Venezuela. 

«La Misión continúa recibiendo denuncias de amenazas y represalias contra las personas detenidas y familiares, así como dificultades para acceder a alimentos y tratamiento médico. Restricciones para el acceso de familiares y abogados -dentro de los centros de detención-, y constantes violaciones al derecho al debido proceso», indicó.

Por otro lado, afirmó que la ausencia de investigación y sanciones a los autores de las graves violaciones de los derechos humanos han provocado un efecto inhibidor de la protesta en la población. Exponen que con acciones como las vividas en años anteriores, el gobierno nacional consiguió atemorizar a la sociedad civil. 

En este sentido, ante la disminución de las protestas masivas, la represión se trasladó hacia actores públicos opositores, como periodistas, defensores de derechos humanos, personal humanitario, activistas y sindicalistas. 

Es el caso del director de la ONG FundaRedes, «Javier Tarazona, quien permanece detenido desde julio del 2021 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, tras haber denunciado a un alto funcionario del gobierno ante el Ministerio Público. El Sr. Tarazona fue acusado de los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. Según la información recibida por la Misión, su salud física y psicológica sigue deteriorándose», narra Valiñas. 

Posición internacional

Países como Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay, relatan que es preocupante que el gobierno venezolano no contribuya a la recuperación de la estabilidad en el país. 

El representante de Paraguay, durante su derecho de palabra, afirmó que al gobierno del país latinoamericano le preocupa las limitaciones a los espacios públicos teniendo en cuenta las próximas elecciones presidenciales. 

«Nos preocupa la aprobación de la nueva Ley de ONG y la Ley de Cooperación Internacional, que supondrá un grave retroceso, así como una barrera a la actuación humanitaria en el terreno», dijo. 

El hermano país, Brasil destacó que sigue de cerca las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, y se comprometió con el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrollar iniciativas que ayuden a superar la crisis.

Por su parte, Ucrania solicitó que enjuicien y condenen a los violadores de derechos humanos por sus delitos. «Denunciamos todos los casos de asesinatos extrajudiciales, arrestos arbitrarios, la tortura, tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y de género, desapariciones forzadas, entre otros. Esto perpetrado por las autoridades venezolanas contra sus propios ciudadanos», dijo la representante del país en guerra.

El representante de Georgia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó que es preocupante el aumento sistemático de los ataques contra la integridad física de defensores en el país. 

«Condenamos el hostigamiento de aquellos que se ocupan de la expresión, medios de comunicación y otros miembros de la sociedad civil. La impunidad sigue en cuanto a las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y las condiciones difíciles en las prisiones donde no hay alimentos, medicinas ni acceso a la atención sanitaria adecuada».

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Valeria Castro

Corresponsal del estado Mérida

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