En su último informe la Asociación Civil Espacio Público registró que hubo un incremento en los ataques a la libertad de expresión durante el mes de enero del 2023. Pues, documentaron 166% más casos que en el mes de diciembre de 2022.
«En enero se incrementaron los ataques a la libertad de expresión. Documentamos 16 casos y 34 violaciones al derecho a la libertad de expresión de trabajadores, activistas, periodistas y la ciudadanía en general», reseñó Espacio Público en su portal web.
Además, precisaron en este balance que los ataques se identificaron entre verbales, acoso e impedimento de coberturas y hostigamiento a cinco personas por protestar o criticar al Estado venezolano.
IMPEDIMENTO A LAS PROTESTAS Y ATAQUES A PERIODISTAS REGISTRADOS POR ESPACIO PÚBLICO
La agenda de protesta que ha desarrollado el gremio de trabajadores desde el 2022 se ha visto afectada por los constantes ataques de cuerpos de seguridad del Estado. Este año no ha sido la excepción, pues, de acuerdo a la asociación civil varios trabajadores han sido puestos a la orden del Ministerio Público luego de pronunciarse sobre los bajos salarios que percibe este sector.
Uno de esos casos lo registró en su balance Espacio Público y detalló que se trato 4 funcionarios policiales del estado Bolivar que, luego de llamar a un paro policial, los detuvieron y acusaron de incitación al odio .
Otro caso fue el de Carmen Sulay Rojas, a quien destituyeron el 13 de enero de un colegio público en el estado Nueva Esparta. «En un video que se hizo viral en redes sociales, la docente se dirigió directamente a Maduro y reclamó la precariedad económica en la que vive el gremio educativo», precisó Espacio Público.
Respecto al gremio periodístico este informe también documentó varios casos de hostigamiento e impedimento de cobertura durante manifestaciones. Algunos de los afectados por este tipo de ataques fueron Pableysa Ostos, corresponsal en el estado Bolivar del medio La Patilla y Carlos Suniaga, corresponsal de El Pitazo, VPITV y Unión Radio.
A ambos periodistas les negaron el acceso a una protesta de trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), pues les indicaron que la orden era no dejar pasar a nadie.
En este sentido, Espacio Público rechazó estas violaciones al derecho a la libertad de expresión y señaló que el Estado a través de estas políticas está impidiendo que la ciudadanía esté informada de forma oportuna y veraz.
