En su 35.º periodo extraordinario de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos decidió crear una nueva misión de investigación para profundizar en las presuntas vulneraciones de derechos humanos cometidas en la República Islámica de Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022.
El gobierno de Maduro se despide del Consejo de Derechos Humanos, que deja en diciembre tras perder la votación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solidarizándose con los victimarios, emitiendo su voto contra la resolución sobre agravamiento de la situación de derechos humanos en Irán, cuya resolución fue aprobada con 25 votos a favor, 6 en contra y 16 abstenciones, que proyectaron un panorama en la comunidad internacional que respalda los ataques a la dignidad humana.
El relator de la ONU para Irán, Javaid Rehman, pidió el jueves 24 de noviembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos la creación de un mecanismo internacional de investigación de la muerte de la joven iraní Mahsa Amini, así como de la represión a las protestas posteriores, en las que han muerto más de 300 personas.
Rehman subrayó ante la cadena de comunicación DW que, en línea con estas viejas prácticas, el Estado iraní ha ordenado desde el inicio de las protestas, a mediados de septiembre, «la represión violenta a cualquier coste», con órdenes presidenciales de actuar «sin piedad» contra los manifestantes.
El relator de Naciones Unidas agregó que la represión estatal contra los manifestantes está intensificándose, y solo en los últimos siete días se han registrado entre 60 y 70 muertes, entre ellas cinco niños, especialmente en zonas de población kurda.
