En enero de este año, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para el Teniente Coronel Deibis Mota Marrero, la cual fue otorgada el 31 de octubre de este año.
La organización no gubernamental (ONG) presentó una serie de argumentos de hecho y de derecho que explicaban la situación de riesgo a la que estaba expuesto Mota Marrero desde su detención en 2018.
Esta resolución emitida por el organismo se convierte en la primera medida cautelar otorgada en el año a favor de un ciudadano de nacionalidad venezolana por la CIDH, luego de analizar el caso y considerar que la situación podría seguir agravándose.
La solicitud va dirigida al Estado venezolano para que adopte las medidas necesarias que protejan el derecho a la vida, a la integridad y a la salud del beneficiario.
Mota Marrero: cuatro años privado de libertad
La Coalición denunció que Mota Marrero lleva cuatro años privado de su libertad en condiciones que han afectado gravemente su salud mental.
«Además, durante varios días fue sometido a graves actos de tortura que superan la imaginación humana y que consistieron en golpes, vejaciones, maltratos psicológicos y golpes en los tobillos con tablas», expusieron a la prensa.
A su vez, informaron que los días en los que estuvo desaparecido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) no se le permitió dormir, estuvo con las manos esposadas a la espalda y la cara tapada con una capucha.
Según cifras ofrecidas por la organización, actualmente en el país se encuentran 302 presos políticos, de los cuales 185 son militares, 117 son civiles y 19 son mujeres.
Esto convierte a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en uno de los grupos más vulnerables en cuanto a los criterios establecidos en el derecho internacional.
Kelvi Zambrano, abogado de derechos humanos y miembro de la Coalición, comentó que la medida otorgada a favor de Mota Marrero debe acordarse a fin de dar cumplimiento a la obligación que tiene el Estado venezolano de garantizar y respetar los derechos humanos, según se desprende del artículo 19 de la Constitución Nacional.
«Desde la óptica constitucional, las decisiones adoptadas por organismos de protección de derechos humanos deben ser acordadas por el Estado venezolano, debido a que gozan de rango constitucional, según la interpretación que se desprende del artículo 23 del texto», afirmó Zambrano.
Los hechos
La medida signada bajo el número 54-22 resalta que en años anteriores, tanto la comisión como la Relatoría Especial contra la Tortura, han expresado su preocupación por los riesgos a los que someten a las personas privadas de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militares ubicado en Ramo Verde.
También expresa la resolución lo que la Colación ha venido alertando, que en Venezuela se ha empleado el derecho penal como un instrumento para perseguir y eliminar a la disidencia, echado por tierra el sistema acusatorio, y empleando lo que es conocido en la dogmática penal como el derecho penal del enemigo.
«La medida se convierte en otra evidencia más de la sistemática violación de derechos humanos a las que son sometidos los ciudadanos venezolanos», reiteraron.
Concluyeron recordando que en lo que va de año la administración del presidente Nicolás Maduro ha sido duramente cuestionada por distintas agencias de las Naciones Unidas. Entre estas está la misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos, quien afirmó que en Venezuela existe una estructura institucional pensada para perseguir, castigar y hostigar a la disidencia venezolana y a los oficiales que han expresado su descontento con relación a las políticas ejecutadas por la Fuerza Armada, tal como sucedió en el caso del Teniente Coronel Deibis Mota Marrero.
