El presidente de la Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (Fddhhanz), Alcides Magallanes, denunció que, a su juicio, el Estado venezolano no ha podido aplicar políticas eficaces en cuanto a la lucha contra la criminalidad.
De acuerdo con el también abogado, dichas malas prácticas se han traducido actualmente en abusos, sobre todo en aquellos sectores deprimidos económicamente, tal y como lo son los poblados de la entidad anzoatiguense.
En la oportunidad, Magallanes dijo que ciudadanos que residen en la zona rural del municipio Bolívar, presuntamente son constantes blancos de acoso policial. Por esta situación señaló al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
«Uno de los casos es del ciudadano Melecio Canarumo, quien denunció ante nuestra organización presunto acoso por parte de agentes detectivescos, quienes manifiestan (sin prueba alguna) que sus tres hijos son responsables de robos de cochinos y venta de drogas en el caserío La Ceiba, Caigua, estado Anzoátegui. El padre de las víctimas sostiene que los jóvenes se vieron en la necesidad de mudarse del sitio y que tanto él como ellos, temen por su vida», afirmó.
El representante de la Fddhhanz manifestó que el acoso y hostigamiento son partes de las prácticas que cada vez se han vuelto más constantes en contra de los pobladores, por lo que muchos de ellos se sienten obligados a huir de sus viviendas para resguardar su integridad física en otros lugares.
«Sigue siendo el Cicpc un órgano con mayor responsabilidad de atropellos policiales, en el cual no desarrollan investigaciones pertinentes y actúa con arbitrariedad en sus labores. Sus funcionarios se niegan a cumplir los preceptos constitucionales», enfatizó el defensor de los derechos humanos en el estado Anzoátegui, en un pronunciamiento sobre este caso.
