ODH-ULA presentó informe sobre la corrupción e impunidad en Venezuela

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) publicó el informe Corrupción e impunidad judicial en Venezuela: Delitos que promueve el Estado, en el cual resaltan la ausencia de independencia institucional en el país y como esto promueve la corrupción e impunidad.

Indican que hay cuatro indicadores puntuales que resaltar, el primero es la falta de independencia judicial, acompañado por escasa imparcialidad judicial, asimismo, los inadecuados procesos y mecanismos de nombramiento de jueces y, por último, patrones de impunidad y corrupción en el sistema judicial.

«El informe Corrupción e impunidad en la justicia penal venezolana, con especial referencia a la región andina, Agosto – 2022, del ODH-ULA; muestra que la ausencia de independencia institucional en el país, causada por la politización de las instituciones, constituye el origen de los delitos de corrupción e impunidad que cometen funcionarios del sistema judicial venezolano, tal como lo reseña en su más reciente informe la Fact Finding Mission», expone el informe.

ODH ULA
Portada del informe. Cortesía.

ODH-ULA señala la falta de independencia e imparcialidad

Desde el ODH alertan sobre 3 procedimientos que le corresponde al Poder Judicial, sin embargo, se presentan procedimientos irregulares y autoritarios desde otros espacios, los cuales son el nombramiento de jueces, la inamovilidad en sus cargos y la garantía contra presiones externas. Aspectos que en Venezuela, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se respetan.

«Las consecuencias de la corrupción judicial agreden directamente la dignidad de las personas, sometidas al retardo procesal, cobros indebidos, manipulación, extravío de documentos y negación del acceso al expediente, falta de fundamentación de las decisiones judiciales, incumplimiento de funciones propias del cargo que ostentan los funcionarios públicos y, en general, sistemáticos actos de corrupción que dificultan la correcta aplicación de la justicia», reseña el comunicado.

Además, según los datos ofrecidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en el 2020 el Tribunal Supremo de Justicia había emitido un total de 127 sentencias que invalidaban decisiones de la Asamblea Nacional. Igualmente, la CIDH contabilizó 40 sentencias dictadas por la Sala Constitucional del TSJ en contra de 16 alcaldes opositores. Actos que evidencian sesgos personales de quienes ostentan el poder.

Por otro lado, en un informe del ODH-ULA 2019, se constató que «apenas 15 % de los jueces de todo el país había ingresado por los concursos que establece la carta magna, los cuales no se realizan desde el año 2002».

En este sentido, se evidencia cómo el Estado venezolano vulnera artículos de la Constitución de la República, pasando por alto procesos base para la separación de poderes.

ODH-ULA presentó informe sobre la corrupción e impunidad en Venezuela
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Valeria Castro

Corresponsal del estado Mérida

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