Miembros de la sociedad civil participaron este lunes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, donde exigieron renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La organización Freedom House presentó el testimonio de Fanny Castillo, abuela de Luis Alejandro Lovera, quien relató sobre su asesinato a manos de cuerpos de seguridad y la falta de investigación.
Por su parte, la especialista en derechos humanos, Ligia Bolívar, habló en representación de Aula Abierta, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Alerta Venezuela; alertó a todas las instancias internacionales sobre posibles represalias de parte del régimen de Nicolás Maduro contra las personas y organizaciones que han colaborado con el informe.
Asimismo, la Comisión Internacional de Juristas, manifestó que el informe «presenta una amplia gama de violaciones en derechos humanos», incluidas desapariciones forzadas, trata de personas, el derecho a la salud, la tierra y de las mujeres.
Clara Ramírez, representante de la organización FundaRedes, denunció la criminalización y persecución en contra de las organizaciones no gubernamentales, sindicalistas y personas defensoras en Venezuela. «Uno de ellos, mi colega Javier Tarazona, director de FundaRedes, quien en julio de 2021 fue detenido arbitrariamente por el SEBIN».
Ramírez aseguró que el caso de Javier Tarazona se conoce por el trabajo de la Misión de la ONU, “pero hay cientos de casos, cuyas historias son desconocidas. Por eso necesario que el mandato de la FFM en #Venezuela sea renovado. Es nuestra única esperanza para obtener justicia.”, concluyó.
