Han transcurrido más de 80 días desde que los trabajadores informales que laboraban en el casco central de Guacara fueran desalojados sin explicación, dejándolos sin medios para generar ingresos económicos.
Ante la falta de respuestas a las recurrentes protestas y la búsqueda de soluciones, estos acudieron ante la Defensoría del Pueblo en Carabobo para denunciar la violación a su derecho a laborar.
Allí solicitaron la intervención de los funcionarios del organismo al alcalde de la localidad, Johan Castañeda, para que haga una reubicación y les permita trabajar.
Posteriormente, en la sede del Ministerio Público presentaron el permiso que les otorgó el ayuntamiento de colocar los comercios informales en reuniones anteriores, el cual vence en enero de 2023.
La delegada regional del Sindicato de Trabajadores Independientes de Venezuela, Sandra Jaramillo, declaró a la prensa que en ambas dependencias consignaron los documentos que evidencian que han acudido al Consejo Legislativo, la Gobernación y la Alcaldía para presentar planes de trabajo que solventen esta situación.
Sin embargo, los organismos no han emitido ningún tipo de respuestas. Recordemos que son más de 200 familias afectadas por este desalojo.
El sindicato espera que con esta solicitud ante la Defensoría puedan conseguir acuerdos para que los buhoneros puedan volver a ofrecer sus productos y servicios, y llevar dinero a sus casas.
Declararon también que para el sábado 24 de septiembre está pautada una concentración en la plaza Bolívar de Guacara, liderada por los trabajadores informales.
El objetivo es una jornada de entrega de alimentos a las poblaciones vulnerable de la zona.
«Nosotros seguimos unidos a favor de la comunidad, pese a que el burgomaestre nos sacó de las calles. Esta labor social la vamos a desarrollar en agradecimiento a Dios», finalizó Jaramillo.
