Misión de Determinación de Hechos

Datos claves para entender el tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela

El primer informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela fue presentado al Consejo de Derechos Humanos el 25 de septiembre de 2020, centrándose en violaciones de los derechos humanos y delitos en el contexto de la represión política selectiva, las operaciones de seguridad y las protestas presentes en el país desde 2014.

Para ese momento, la Misión llegó a la conclusión que había motivos razonables para creer que algunos de los hechos documentados en ese informe constituían crímenes de lesa humanidad.  

El 6 de octubre de 2020, el mandato de esta Misión fue prorrogado por otros dos años, hasta septiembre de 2022, logrando emprender ciertas investigaciones para detectar graves vulneraciones de derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidas las relacionadas con la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014.

¿Qué presentó la Misión en este tercer informe ante el Consejo de Derechos Humanos?

Dentro de los primeros hallazgos se encuentran las limitaciones que enfrentó la Misión al instante de efectuar las investigaciones correspondientes a su mandato, ya que, por cuestiones de seguridad, en especial por el temor de las víctimas a posibles represalias o las restricciones para ingresar al territorio nacional se convirtieron en obstáculos que restringieron el acceso a la información.

Además, los problemas de telecomunicaciones en el territorio nacional dejaron a las víctimas un poco aisladas de un modelo de conexión estable con el personal competente de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

La Misión denuncia en este informe actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, degradantes, violencia sexual y de género en varios sectores del país, en especial en el arco minero del Orinoco. También, expusieron su preocupación por la continuidad de ejecuciones extrajudiciales, la esclavitud sexual, la trata de personas o los cuadros de intimidación contra representantes de la sociedad civil, abogados y comunicadores sociales.

Saturación de leyes en el ordenamiento jurídico nacional

Las reformas que han venido haciendo desde 2021 de diferentes textos del ordenamiento jurídico nacional no han abordado los graves problemas presentes en el sistema de justicia venezolano, dejando a un lado la independencia e imparcialidad como pilares para el modelo de justicia en el país.

La Misión asegura en su informe que la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que este tipo de modificaciones, a pesar de establecer una reducción de los números de magistrados, deja ciertas lagunas jurídicas que promueven políticas de reelección y perpetuidad en el poder.

De igual manera, los plazos modificados en la reforma del código orgánico procesal siguen sin cumplirse, según investigaciones realizadas por la Misión y lamentan la sentencia emitida por el TSJ el 9 de septiembre de 2021, donde se permite a los tribunales militares ejercer su jurisdicción sobre personas civiles.

¿A cuántas personas ha entrevistado la Misión de Determinación de Hechos en esta oportunidad?

La Misión entrevistó a 246 personas durante el presente ciclo (140 hombres y 106 mujeres), tanto en persona como a distancia, a través de conexiones telefónicas o de vídeo seguros. Aunado a ello, el equipo de expertos incluyó la información de las entrevistas realizadas durante las investigaciones anteriores (383 entrevistas: 216 hombres, 167 mujeres) cuando fue pertinente.

Asimismo, resaltaron que lamenta que, transcurridos tres años de su mandato, el Gobierno venezolano aún no haya permitido a sus miembros visitar el país, ni haya respondido a ninguna de las diez cartas que la Misión le envió entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022.

¿Cuáles son las conclusiones de la Misión de Determinación de Hechos?

Dentro de las conclusiones se encuentran que las investigaciones de la Misión demuestran, con motivos razonables para creer, que varias personas que ocuparon y ocupan cargos en las jerarquías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cometieron violaciones de derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad.

La Misión presentó 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la DGCIM, desde 2014 hasta la actualidad, y logró investigar 51 casos en los que los agentes del SEBIN torturaron o sometieron a las personas detenidas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

A los representantes de este mandato les resulta preocupante las vulneraciones de derechos humanos presentes en los pueblos indígenas, las acciones de represión, violencia sexual, ataques sistemáticos contra los sectores vulnerables para la Misión representan claras vulneraciones a la dignidad humana.

Datos claves para entender el tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela
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Daniel Marín

Corresponsal del estado Nueva Esparta

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